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Se instaló la primera mesa intersectorial y social en Arauquita

Según ASOFAVIDA se han registrado más de 2.700 los casos de desaparecidos en el departamento de Arauca.
Primera mesa intersectorial y social en Arauquita para búsqueda de personas desaparecidas
Foto: Reinel Rincón
Mary Yaquelin Fernandez Niño

El pasado 29 de abril, a través del decreto 532, la Presidencia de la República modificó el capítulo noveno del reglamento del sector justicia y del derecho para establecer en el Sistema Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, se incluyan las víctimas de desaparición forzada.

En ese mismo sentido, durante la instalación de la mesa intersectorial y social realizada en Arauquita, Medicina Legal informó que, en el departamento, el registro de personas dadas por desaparecidas es de 2.130 casos. Sin embargo, según documentación por parte de ASOFAVIDA, la cifra es de más de 2.700 casos en la región Araucana.


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Yolanda Montes, líder de víctimas e integrante de ASOFAVIDA, agregó “están muy comprometidos con la institucionalidad para seguir trabajando por la búsqueda de las personas desaparecidas y conocer que paso con sus seres queridos, haciendo una campaña humanitaria en el departamento de Arauca y en los corregimientos del Gibraltar y Samoré jurisdicción del municipio de Toledo en Norte de Santander y Cubara en Boyacá”. 

Por otra parte, Yesid Robles, presidente del Concejo Municipal de Paz en Arauquita y defensor de derechos humanos afirmó, “es muy importante el trabajo que las comunidades realizan en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, ya que las familias necesitan saber qué pasó con sus familiares, al tiempo que exige mayor apoyo por parte de la institucionalidad para seguir fortaleciendo estos procesos de búsqueda “.

Durante la mesa intersectorial y social se expuso que las pruebas científicas por parte de Medicina Legal deberían tardar seis meses en ser entregadas para familiares en el departamento de Arauca. Sin embargo, han tardado hasta tres o seis años, lo que ha causado un retraso para la identificación y una posible entrega digna.

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