El departamento del Chocó ha sido históricamente marcado por múltiples formas de violencia y exclusión.
A la pobreza extrema se suman los desplazamientos forzados, disputas por el territorio entre grupos armados ilegales, inseguridad y corrupción.
Todo esto ha dejado una huella profunda: muertos, desaparecidos, menores reclutados y mujeres víctimas de violencia sexual. Este último es uno de los flagelos más persistentes y silenciados en la región.
Muchos jóvenes que crecieron sin oportunidades han ingresado a las filas de los actores armados. Otros han quedado atrapados en medio de enfrentamientos, perdiendo la vida o sus hogares.
Dispuesta territorial entre grupos armados
Las disputas por el control territorial entre grupos armados como el Eln y el Clan del Golfo han recrudecido en los últimos años.
En municipios como Juradó, Nuquí, Bahía Solano y Río Iró, la presencia de estos actores ha ocasionado confinamientos, amenazas y desplazamientos masivos.
Estas dinámicas afectan especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes.
En febrero de 2025, un paro armado del Eln en la región del San Juan confinó a más de 2.000 familias y desplazó a miles de personas, dejando en evidencia la fragilidad institucional y la urgente necesidad de protección estatal efectiva.
El papel de las alertas tempranas
Las alertas tempranas, emitidas por la Defensoría del Pueblo, permiten advertir a las comunidades sobre situaciones de riesgo inminente relacionadas con el conflicto armado, el crimen organizado o emergencias ambientales.
A través de estas alertas, se activan rutas de prevención, protección y atención por parte de las autoridades, y se fortalece la organización comunitaria como estrategia de autoprotección.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en distintos municipios del Chocó. Entre las más recientes están:
• AT N° 009-2024: Bahía Solano, Juradó y Nuquí
• AT N° 024-2024: Quibdó
• AT N° 020-2023: Río Iró
Estos documentos identifican factores de riesgo inminente para la vida e integridad de las comunidades.
Además, estas advertencias visibilizan la ausencia de garantías institucionales, crisis humanitaria y las condiciones precarias de salud, educación y movilidad en zonas donde los grupos ilegales han impuesto su ley.
En Chocó, las alertas tempranas no deberían ser el último recurso para evitar la tragedia, pero lo son.
Más que un llamado de advertencia, se han convertido en la señal constante de una crisis sin tregua, de una institucionalidad que reacciona tarde y de una violencia que nunca se fue.
Aun así, en medio del abandono y la precariedad, las comunidades siguen organizando su resistencia, aferradas a la esperanza como un acto de dignidad.
Las alertas salvan vidas, sí, pero también evidencian lo frágil que es la protección del Estado en uno de los territorios más olvidados del país.