El escenario tras la objeción parcial a la Ley Estatutaria de la JEP
El impacto sobre la validez de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, tras las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria que da vida a este tribunal, es un tema que desde diferentes sectores y posiciones se ha abordado este lunes.
Una vez conocido el anuncio del Gobierno, en diálogo con Radio Nacional de Colombia, la magistrada Patricia Linares, presidenta de esa Jurisdicción, dijo que pese a las objeciones, el tribunal podrá seguir trabajando dado que se rige por otras normas de carácter constitucional.
“Para el cumplimiento de funciones a cargo de la Jurisdicción, están las fuentes de derecho establecidas en la Constitución. Los debates de carácter político no nos corresponde asumirlos”, explicó.
Agregó que ese alto tribunal cumple una función judicial y está obligado a cumplir sus tareas acudiendo a normas superiores como el Derecho Internacional, la Constitución y la jurisprudencia.
A su turno, Carlos Antonio Lozada, exjefe de las Farc y senador del partico Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), afirmó que una de las consecuencias de esta objeción será dilatar los procesos y beneficios para todos los excombatientes y actores relacionadas con la JEP.
“Se va a generar un margen de discusión muy amplio, porque la JEP va a seguir operando, pero con base en interpretaciones propias de la ley”, expuso.
El congresista anunció que desde su colectividad enviarán una carta al secretario General de la ONU, António Gutérres, denunciando esta situación con el fin de hacer cumplir lo pactado en los acuerdos de paz.
Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sostuvo que las objeciones hechas por el presidente Duque a la JEP no van en contra del proceso de paz y, por el contrario, buscan la reparación de las víctimas y a aclarar el papel de su oficina.
“Las objeciones, de ninguna manera, han sido presentadas para ponerle palos en la rueda a la justicia transicional. Son una manera de garantizar una genuina reparación y justicia para las víctimas”, declaró.
El funcionario aclaró que esta medida tiene control del Congreso y la Corte Constitucional, dado que las objeciones se tramitan en estas dos instancias, luego de ser emitidas por el primer mandatario. Señaló que entre los cambios que se busca hacer está la judicialización de los bajos mandos de las Farc.
“Hoy hay un gran riesgo en la Ley Estatutaria, para aquellos que no son considerados los máximos responsables de las Farc. No está claro si deben ser investigados y eso llevaría a qué sean juzgados en la Corte Penal Internacional”, detalló.
Ceballos indicó que confía en que el Congreso esté a la altura de este momento histórico y entienda que estas objeciones están dirigidas a fortalecer lo que se acordó y lograr un consenso político.
“La Ley de Procedimiento de la JEP prohíbe la práctica de pruebas en el caso de una extradición a ese tribunal. Pedimos al Congreso que nos aclare esto”, concluyó.
Por el lado de la academia, el rector de la Universidad del Externado, asesor y consultor del proceso de paz, Juan Carlos Henao, dijo que hay muchas normas que apoyan el funcionamiento de la JEP y acabarla no es el camino.
“Yo no sería tan catastrófico, creo que hay muchas normas que apoyan el funcionamiento de la JEP. Acabarla no va a ser así, desde ningún punto de vista. Eso no se quiere y no se puede”, expresó.
Así mismo, Henao mostró su completo desacuerdo con la decisión del Gobierno y consideró que esto representa ponerle un palo muy grueso en la rueda a la JEP, para que pueda tener un funcionamiento correcto.
“Se puede generar una situación en la cual todo el proyecto de ley se archivaría, y nos quedaríamos sin una norma estatutaria, la JEP quedaría vulnerable. porque cualquier decisión que se tome se vuelve un tema político”, comentó.
