Corte dejó en firme medida de aseguramiento al gobernador Aníbal Gaviria
Por: Colprensa
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien fue suspendido por la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante su primera gobernación en 2004 y 2007.
Los magistrados de la Corte que estudiaron la legalidad de la medida de aseguramiento son Ariel Augusto Torres y Jorge Emilio Caldas y consideraron que "la defensa no logró demostrar la violación de la garantía alguna ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema".
La solicitud de revocar la medida de aseguramiento la hizo, en principio, la defensa de Gaviria Correa y el 30 de junio pasado la misma fue apoyada por la Procuraduría General, que también le pidió a la Corte que revoque la detención de Gaviria.
Gaviria está en líos judiciales con base en la investigación que se surtió en su contra por las actuaciones cometidas entre 2004 y 2007, en el cual, según la Fiscalía, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 %, que luego se amplió al 29 %.
Según la Fiscalía, eso "significó casi 1500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia".
Además, de acuerdo con la entidad, el anticipo fue pagado sin que se hubiera aprobado una garantía contractual para asegurar la destinación correcta de los dineros, lo que habría obligado al contratista a invertir más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.
La investigación evidenció así mismo, de acuerdo con la Fiscalía, que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, sin atender los principios de la contratación pública. Una, por 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal y otra, cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador, para la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
Esta última, según el organismo de investigación, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Su valor era de 16 mil millones de pesos.
La investigación contra Gaviria se debe a que, como representante legal del departamento y ordenador del gasto, debió ejercer vigilancia sobre la contratación aunque hubiera delegado esa función.
