Procuraduría denunció demoras en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)
La Procuraduría alertó sobre las demoras en la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en los departamentos Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre; en los distritos de Buenaventura, Santa Marta y Riohacha; y en los municipios de Cúcuta, Neiva, Pitalito, Sincelejo y Valledupar, que afectan los derechos de más de un millón de estudiantes.
Según el Ministerio de Educación y su unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, las demoras se deben a dificultades en la contratación para la prestación del servicio. En departamentos como Antioquia, Caquetá, Cúcuta, Cundinamarca, Malambo y Sincelejo se han declarado desiertos los procesos contractuales.
Con el fin de garantizar los derechos a la alimentación, la Procuraduría instauró acciones de tutela contra las gobernaciones de Chocó, Guaviare y Sucre; las alcaldías de Neiva y Sincelejo, y los municipios de San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quípama y Pauna en Boyacá.
En lo que se refiere a Guaviare, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San José del Guaviare amparó los derechos fundamentales de la alimentación, salud, educación, igualdad, y dignidad de los menores beneficiados con el programa PAE y ordenó a la gobernación adelantar las gestiones necesarias para garantizar este servicio en el menor tiempo posible y por lo que resta del año escolar.
Adicionalmente, se rindieron informes para activar la función disciplinaria por inoportuna prestación del servicio de alimentación escolar en los departamentos de Cauca, Sucre y Magdalena; los distritos de Buenaventura y Santa Marta, y el municipio de Popayán.
Para el 2022, se han abierto indagaciones preliminares a la Gobernación de Córdoba; a los municipios de Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal y Santiago de Tolú pertenecientes al departamento de Sucre y, adicionalmente, a Buenaventura y Santa Marta.
La Contraloría General de la Nación también prendió las alarmas presentando un informe con el que evidencia que más de un millón de niños están siendo afectados por irregularidades en el PAE e instó a las entidades territoriales para atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el programa
“El sector educativo es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de gestión pública y en su gran mayoría es financiado por recursos del presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia por parte de este órgano de control”.
