Detenidos por atentado en aeropuerto de Cúcuta, a cárceles de máxima seguridad
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra las seis personas que presuntamente estarían involucradas en la acción terrorista en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta que dejó tres muertos, entre ellos dos técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó abundante material de prueba y evidencia técnica como videos de cámaras de seguridad, testimonios, entre otros elementos, que demostrarían que los procesados habrían de viajado de Medellín (Antioquia) a Cúcuta, con el único propósito de ejecutar el atentado.
Según la investigación, por lo menos, tres de estas personas se trasladaron a Tibú (Norte de Santander) entre octubre y noviembre pasados y se reunieron con cabecillas de las disidencias del frente 33 de las extintas FARC. En esos encuentros, al parecer, recibieron instrucción en manejo de explosivos y, con el compromiso de recibir una gruesa suma de dinero, retornaron a Medellín para reclutar a sus cómplices.
La investigación determinó que los procesados se instalaron en Cúcuta antes del acto terrorista. Se alojaron en hoteles del centro de la ciudad y en casas aledañas a la pista del aeropuerto. Además, se conoció que llevaron a una menor de edad, hija de una de las supuestas involucradas, para no generar sospechas entre la comunidad y las autoridades que custodian la terminal aérea.
Dice la Fiscalía que durante los días que permanecieron en Cúcuta, supuestamente, hicieron vigilancia, prepararon el explosivo y definieron la manera en la que accederían al aeropuerto.
Finalmente, la madrugada del 14 de diciembre, dos hombres ingresaron por una alcantarilla y, en arrastre bajo, trataron de llegar hasta la plataforma, donde estaban apostadas aeronaves del Ejército Nacional.
En el trayecto uno de los artefactos se activó en la espalda de Cristian Camilo Muñoz Manjarrez, quien murió en el lugar. El otro explosivo fue accionado con la llegada de los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, que estaban inspeccionando el área.
Por estos hechos la Fiscalía imputó los delitos de: homicidio y tentativa de homicidio agravados; terrorismo; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los seis investigados deberán cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centros carcelarios de alta seguridad, en lugares distintos a Medellín y Cúcuta
