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Caen los máximos responsables de la destrucción ambiental en el Triángulo de Telembí

La Fiscalía General confirmó que fueron capturadas nueve personas que harían parte de una organización dedicada a la extracción ilegal de oro en Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, municipios que conforman el denominado Triángulo de Telembí, en Nariño.

La Fiscalía General confirmó que fueron capturadas nueve personas que harían parte de una organización dedicada a la extracción ilegal de oro en Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, municipios que conforman el denominado Triángulo de Telembí, en Nariño.

Esta organización sería la responsable de la destrucción y deforestación por la presencia y tránsito constante de maquinaria pesada que trabaja en la remoción de tierra, así como la sedimentación y contaminación de las fuentes hídricas que abastecen a las poblaciones, por el vertimiento de mercurio y otras sustancias tóxicas.

Tras la extracción del oro, estas personas también organizaban el traslado clandestino del producto hacia Ecuador, desde donde era enviado a Perú y posteriormente a los Estados Unidos.

Entre los detenidos están los supuestos cabecillas, Dairo Arias Piedrahita, alias Dairo; Rubén Darío Duque Rivera, alias Balín; y Geovanny Duque Rivera, alias Care Palo. Además de dos integrantes de la fuerza pública, el cabo primero de la Infantería de Marina, Mario Luis Hernández, y el patrullero José Julián Jiménez Villegas, señalados de entregar información privilegiada sobre los operativos contra los entables mineros.

De acuerdo con la investigación, las cabecillas invertían altas sumas de dinero en la compra y movilización de maquinaria a la región del Triángulo de Telembí, financiaban el andamiaje de explotación y pagaban a funcionarios para que alertaran los movimientos de las autoridades, y así detener la producción, sacar las excavadoras o usar a las comunidades para impedir el avance de los operativos.

Mensualmente esta organización habría logrado la extracción de dos kilogramos de oro, por lo que algunos de sus integrantes habrían reportado incrementos en sus ingresos de 60% y hasta 110% en un año e incluso hay indicios de que varios de los socios extendieron su actividad de minería ilegal a otros países como Bolivia.

Estas personas deberían responder por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, concierto para delinquir agravado, cohecho impropio y cohecho por dar y ofrecer.

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