Cinco alcaldes aceptaron su responsabilidad por red que salpica a Mario Castaño
El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que en la tercera fase de investigación que se sigue contra la presunta red de corrupción liderada por el capturado senador Mario Castaño, 21 personas fueron judicializadas, entre las que se encuentran siete alcaldes, cuatro funcionarios públicos y 10 contratistas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estas personas fueron judicializadas por estar involucradas presuntamente con distintas irregularidades en 47 contratos, cuyo valor total ascendería a más de 40.000 millones de pesos.
Dentro de las personas judicializadas, según el fiscal Barbosa, 13 aceptaron cargos. Entre ellos los alcaldes de Piendamó y Suárez, Cauca; la Merced y Villamaría, Caldas; y Alcalá, Valle del Cauca.
Piendamó, Cauca
En este municipio, la Fiscalía encontró que servidores públicos y particulares se habrían articulado para que doce proyectos de infraestructura, suscritos por la alcaldía y la empresa de servicios públicos municipal, quedaran en manos de unos contratistas previamente definidos.
Según el ente acusador, en este caso se comprometieron más de 11.520 millones de pesos que estaban destinados a obras de impacto en el municipio, como es la renovación del parque principal.
Por estos hechos fueron judicializados el alcalde de Piendamó (Cauca), Víctor Hugo Franco Muñoz; los funcionarios de la alcaldía Gisela Vianey Castillo Rosero y Alexander Ortiz Muñoz; y los contratistas Paola Elizabeth Díaz Alvear, Juan Pablo Monteros Velasco, Diego Alexander Arango Díaz y Fredy Urbano Martínez, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Todos aceptaron cargos y fueron enviados a casa por cárcel.
Suárez, Cauca
En este caso, la Fiscalía encontró que el alcalde municipal, Ronal Villegas Orlas; y la secretaria de planeación Sandra Samara Sarria Erazo, al parecer, incurrieron en supuestas anomalías en la celebración de cuatro contratos que tenían un valor superior a los 6.000 millones de pesos.
Por estos hechos el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, los cuales fueron aceptados. El Juez los envió a casa por cárcel.
Aguadas, Caldas
El ente acusador determinó en este caso que la Alcaldía de Aguadas celebró dos contratos por un monto superior a los 1.500 millones de pesos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío, que tenían como fin el mantenimiento y la repavimentación de vías terciarias.
A partir de esto, y con el presupuesto gestionado, se firmaron seis subcontratos para cumplir con las obras que favorecerían a nueve veredas, pero estas fueron confiadas a contratistas que harían parte de la señalada red de corrupción.
Por estos hechos, la Fiscalía judicializó al alcalde del municipio, Diego Fernando González Marín; y los contratistas Olga Lucía Botero Gómez, Mauricio Alberto Quiceno Cardona, Álvaro Hernán Suárez Brochero, Pablo Andrés Rodríguez Arbeláez y Kristian Andrés Marín Henao, por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia y enriquecimiento ilícito de servidor público. Los procesados no aceptaron cargos.
Villamaría, Caldas
En este municipio, según la Fiscalía, contratos por más de 13.000 millones fueron entregados en medio de posibles inconsistencias en las fases precontractual y de ejecución.
En ese sentido, el alcalde de Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. El mandatario aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento domiciliaria.
La Merced, Caldas
En este caso, según la Fiscalía, el alcalde de este municipio, Jhonattan Manuel Vásquez, habría intercedido en la adjudicación de ocho contratos, cuyo valor superaba los 3.400 millones de pesos, y la exsecretaria de planeación del municipio, Diana Agudelo Rincón, habría participado en cuatro.
“Es así como en el segundo semestre del 2020 se direccionó la construcción de un parque por valor de 691 millones de pesos, la estabilización de taludes en el municipio por 239 millones de pesos y en diciembre del año anterior se realizó un contrato de obra que superó los 1.129 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
Por estos hechos, ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, los cuales aceptaron y fueron enviados a casa por cárcel.
Alcalá, Valle Del Cauca
En este caso, la Fiscalía encontró que en este municipio se presentaron actos ilícitos en la celebración de tres contratos, que ascendieron a 4.702 millones de pesos.
Por lo anterior, la Fiscalía imputó a la alcaldesa de este municipio, Gloria Raigoza, por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, los cuales fueron aceptados. El juez la envió a casa por cárcel.
Armero, Tolima
En este último caso, la Fiscalía encontró irregularidades en un contrato para una obra de infraestructura y movilidad que adecuaba espacios de esparcimiento, convivencia y la cultura en el municipio por 1.250 millones de pesos
Por lo anterior, el alcalde de este municipio, Medardo Ortega Fonseca, y la contratista Ruth Piedad Echavarría, fueron imputados por delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
