Nuevas imputaciones de cargos por escándalo Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación anunció que realizará 10 nuevas imputaciones de cargos contra varios de los implicados en las irregularidades de contratación con la multinacional brasileña Odebrecht, tres de estas imputaciones son contra ciudadanos brasileños, dos españoles, un uruguayo así como un fiscal delegado.

Investigación contra un fiscal

El fiscal Daniel Hernández será imputado por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo pues de acuerdo con la investigación pese a que en 2017 obtuvo siete órdenes de captura contra presuntos implicados en este caso de corrupción, incluidos tres de los directivos brasileños "al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) para que se hicieran efectivas", indicó el ente acusador.

Asimismo el fiscal omitió pedir la notificación azul de Interpol contra Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, para ubicarlos en otros países pues para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia. 

De otra parte, el pasado 22 de junio, el fiscal Hernández habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades por Odobrecht. 

Contrato Ruta del Sol II

Ante un juez de control de garantías serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. al estar involucrados en el direccionamiento del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. 

"La evidencia obtenida da cuenta de que para garantizar esta adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales", explicó la Fiscalía.

Maniobras en la banca internacional 

La Fiscalía imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management. 

En la investigación se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato. La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra. 

"La Fiscalía estableció que este movimiento de recursos tendría como propósito que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al exviceministro de transporte y exdirector del INCO, Gabriel Ignacio García Morales", aclaró el ente acusador.

Gestor ante la banca privada de Andorra 

El ciudadano uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros será imputado como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, pues como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, diseñó el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y después permitió poner una millonaria suma en dólares a la cuenta de la sociedad española DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld, que pertenecía a la multinacional brasileña. 

"Para este propósito, Sanguinetti Barros habría conseguido las empresas y abrió las cuentas que sirvieron para darle tránsito y ocultar el dinero, así como evadir los controles exigidos por la banca privada internacional", puntualizó la Fiscalía.

Subcontratos ficticios 

La Fiscalía imputará el delito de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento lícito de particulares y lavado de activos al representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS, Luis Eduardo Gómez Martínez, quien en 2014 suscribió un contrato ficticio de servicios logísticos con el representante legal del Consultores Unidos Colombia – Panamá, y emitió facturas por actividades que nunca se realizaron. 

"Por este concepto, recibió transferencias por 2’515.635 dólares, que posteriormente entregó mediante endosos o títulos abiertos a Eduardo Zambrano Caicedo. Esta persona, al parecer, direccionó los dineros a Federico Gaviria y Otto Nicolás Bula, para cumplir con la dádiva que Odebrecht se comprometió a entregarles por gestionar a su favor la adición del tramo Ocaña – Gamarra al contrato Ruta del Sol II", aclaró la Fiscalía.

De otra parte, será imputada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares Adriana Milena Alzate Arango, quien fue subcontratada el 15 de agosto de 2010 por el Consorcio Ruta del Sol, del que hizo parte Odebrecht, para realizar mantenimiento y drenaje a varios tramos del proyecto Ruta del Sol II, pese a que en realidad, su actividad comercial era la cría de ganado, y aunque no contaba con la experiencia recibió pagos por algo más de 490 millones de pesos, por actividades que no se habrían ejecutado. 

Relación con Brasil

La Fiscalía fue enfática en señalar que esta investigación no ha contado con las versiones de los colaboradores del Ministerio Público de Brasil, pues se ha exigido a los fiscales colombianos la suscripción del compromiso de no utilizar las mismas contra 78 personas que tienen tal calidad ni contra las empresas comprometidas, por lo que el ente acusador continuará con las investigaciones y procesos a lugar.

"En cualquier caso, para entablar un trámite de negociación de un principio de oportunidad, la Fiscalía debe contar con la colaboración veraz y comprobable de los declarantes, incluso con su disposición de testificar en juicio sin la limitación expuesta y de reintegrar el incremento patrimonial percibido por la comisión del delito", concluyó el ente acusador.