Por segunda vez dentro del caso Centros Poblados, la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen, fue rechazada como víctima.
Esta vez ocurrió en medio de una audiencia del proceso que se sigue contra Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, en la que se esperaba que la juez 40 penal del circuito impartiera legalidad a un preacuerdo que este firmó con la Fiscalía.
Durante esta diligencia la juez reconoció como víctima al Ministerio de las TIC, la Aseguradora BBVA, el Banco Itaú y el Fondo Nacional de Garantías, pero negó el reconocimiento a la exministra Abudinen y a la empresa CES Colombia.
Ante esta decisión, tanto Abudinen como la empresa apelaron, por lo que la audiencia se aplazó para el próximo año.
La exministra ya había sido rechazada como víctima el pasado 10 de octubre por la juez 59 penal del circuito de Bogotá, durante la audiencia de acusación contra Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros, y Ottoman Lascarro Torres, como presunto propietario de las empresas Intec de la Costa y Omega Building.
Esto porque, según la juez, Abudinen no acreditó haber sido afectada en el escándalo de corrupción donde se perdieron más de 70.000 millones de pesos del contrato firmado con la Unión Temporal, para llevar internet a más de 7.000 colegios públicos del país.
Dinero robado en Centros Poblados estaría fuera del país: Contraloría
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que viajó a los estados Unidos, y lo seguirá haciendo, para buscar recuperar recursos públicos que fueron robados en distintos procesos y trasladados a otros países fuera de Colombia.
“Fui a Washington porque muchos de los recursos que eventualmente se llegaron a determinar con respecto a responsabilidad fiscal, los recursos se los llevaron para los Estados Unidos, la plata está allá y no solamente en Estados Unidos, hay recursos en otras partes”, expresó Rodríguez.
El contralor señaló que se reunió con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que volverá en seis meses para seguir acordando acciones de cumplimiento para recuperar estos recursos públicos.
El jefe de la Contraloría anunció que trabajará más con UNCOPI, “una unidad que tiene la Contraloría en aras de procurar perseguir los bienes que se encuentran en el exterior. Gran cantidad de los recursos que fueron defraudados en el patrimonio público se lo llevaron y lo invirtieron en el exterior y estamos trabajando fuertemente en la recuperación de estos recursos y evitar que estos sean una burla”.
Sobre los proyectos donde posiblemente habría presencia de dineros públicos en otros países figuran Centros Poblados y Ecopetrol.
Sobre Ecopetrol, la Contraloría anunció la apertura un proceso de responsabilidad fiscal por un posible patrimonio público en cuantía estimada de 609 millones de dólares.
“Por presuntas irregularidades que se presentaron en inversiones efectuadas por Ecopetrol en el Perú, al vender en 2021 la propiedad accionaria que tenía en la sociedad Offshorte Internacional Goup (OIG), por mucho menos de lo que se pagó al adquirirla a finales de 2008”, expresó.
Como presuntos responsables fiscales fueron vinculadas seis personas, en su calidad de miembros de la junta directiva de OIG: Nelson Navarrete Hernández, María Victoria Riaño Salgar, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Héctor Manosalva Rojas y Mauricio Ramírez Terrassa.
Sobre el entramado de corrupción conocido como Centros Poblados, donde 70.000 millones de pesos que eran destinados a llevar internet a niños de zonas rurales de Colombia se perdieron sin cumplir el contrato, el Contralor señaló que el dinero estaría fuera del país.
“De Centros Poblados ya tenemos investigaciones adelantadas, incluso en condena de responsabilidad fiscal. Este es uno de los casos en los cuales los bienes no están acá y estamos avanzando en eso. Estamos en la búsqueda del reintegro de los recursos públicos por estas defraudaciones”, finalizó.