Emilio Tapia será recluido en una cárcel de máxima seguridad
El juez 35 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá rechazó la solicitud de la defensa del contratista Emilio Tapia de ser recluido en la cárcel de Barranquilla, y en su lugar ordenó que sea trasladado a un centro carcelario de máxima seguridad.
Aunque la defensa de Tapia alegaba que debía ser recluido en dicho penal por cuestiones de seguridad, ya que ha sido amenazado, y teniendo en cuenta su condición de testigo y que su familia vive en esa ciudad; para el juez, si lo que se busca es garantizar su vida, eso se puede hacer en una cárcel de máxima seguridad, donde sea custodiado por miembros del CTI y no en una cárcel de mediana seguridad o en un batallón militar.
"El despacho considera que ordenar un destacamento militar es desnaturalizar las fuerzas militares, para eso está el CTI, además que está capacitado para proteger a los ciudadanos que son testigos", dijo.
Por lo que oficio al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para que determine si Tapia puede ser privado de su libertad en La Picota, en Combita o la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.
"Sin sobrepasar los 15 días este ciudadano deberá ser trasladado a un establecimiento de máxima seguridad donde el Inpec, actualmente tenga cupo ponderando la seguridad y acercamiento familiar, haciendo prevalecer la vida sobre el acercamiento familiar y garantizar que este ciudadano pueda testificar y pueda seguir viéndose con su familia", ordenó el juez.
Finalmente, el funcionario judicial resaltó que teniendo en cuenta los antecedentes de Tapia, quién fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, y que es un reincidente dispuesto a colaborar con la justicia, la Fiscalía General deberá garantizarle su seguridad y la defensa no puede usar esa excusa para pedir su traslado.
"A través del programa de Protección de Testigos que maneja la Fiscalía General deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar junto al Inpec el traslado de Emilio Tapia a las audiencias a las que sea convocado", concluyó.
El nombre de Tapia volvió a escucharse luego de que se descubriera que fue uno de los implicados en la adjudicación de la contratación entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados, en la que se perdieron 70 mil millones de pesos que supuestamente serían utilizados para llevar internet a las zonas más apartadas del país.
Actualmente, Tapia junto al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y el directivo de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde, son señalados de cometer los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
El juez que conoció la imputación de la Fiscalía General aseguró en su momento que estos tres hombres no solo representan un peligro para la sociedad, sino que podrían obstruir la justicia e involucrarse en más escándalos de corrupción, por lo que mientras avanza este proceso deben estar privados de la libertad.
“El señor Tapia de verdad es el peligro de una dimensión muy clara y amplia, tanto así que se perdieron 70 mil millones o más en todos los procesos en los que él ha estado involucrado”, dijo.
Este juez además fue quien rechazó que el contratista fuera recluido en la guarnición militar de Malambo, Atlántico.
"Habló que lo amenazaron, pero bueno, han pasado más de 5 años (...) lo mejor es que lo trasladen a un establecimiento de reclusión con criterios de máxima seguridad, pues los batallones no están para vigilar medidas preventivas ni cárceles", aseguró el pasado 24 de septiembre.
