Colombia ha pagado $34.000 millones por indemnizaciones en casos de desaparición
Indemnizaciones por más de 34.142 millones de pesos ha pagado el Estado colombiano ante tribunales internacionales por ocho condenas relacionadas con desaparición forzada ocurridas en el conflicto.
Así lo dio a conocer un documento emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Cancillería, que dan cuenta de las sentencias proferidas por ese delito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En el documento, la Cancillería notifica que la Corte IDH ha proferido seis condenas contra Colombia por desaparición, una violación de los derechos humanos.
Estas sentencias se dieron en los años 2004, 2006, 2014, 2017 y 2018, y corresponden a estos casos: 19 comerciantes (6 de octubre de 1997 en Puerto Boyacá, Boyacá); masacre de Pueblo Bello (enero de 1990 en Pueblo Bello, Córdoba); caso Rodríguez Vera y otros (desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985); caso vereda La Esperanza (El Carmen de Viboral, Antioquia, del 21 de junio al 27 de septiembre de 1996); caso Isaza Uribe y otros (desaparición de Víctor Uribe Isaza de la cárcel de Nare, Antioquia, el 19 de noviembre de 1987); y caso Omeara Carrascal y otros (Aguachica y San Martín, Cesar en 1994).
Además de estas seis sentencias, Colombia ha pagado indemnizaciones por otros dos casos: Caballero Delgado y Santana (Cesar, en 1989) y la masacre de Mapiripán, Meta (julio de 1997).
Las sentencias por estos ocho casos suman pagos por $34.142.197.620, mientras que las indemnizaciones colectivas por desplazamiento forzado, procesos de justicia y paz, y otros hechos victimizantes son de $8.362.535 millones, desde 2012 a agosto de 2021.
Sin embargo, en la actualidad existen 75 peticiones sobre casos de desaparición forzada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dos ya en la Corte, 35 en etapa de admisibilidad, 24 en etapa de fondo, cuatro en acumulación de etapas, cuatro en solución amistosa y tres en cumplimiento de recomendaciones.
La condena por la masacre de Mapiripán es la de la indemnización más costosa pagada por el Estado, equivalente a $11.721.467.370, después de que Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara al Estado por los hechos ocurridos en esta masacre ocurrida el 15 de julio de 1997. Luego de que las Autodefensas rodearon al municipio, tomaron el control y asesinaron a 49 personas, cuyos cuerpos fueron lanzados al río Guaviare.
Las condenas resaltan la responsabilidad de Colombia en desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos y afectaciones a mujeres y niños, en los que tuvieron participación paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado.
