“Apoyamos campañas de Uribe, Pastrana y Serpa”: Mancuso

En el marco del tercer día de audiencias de Salvatore Mancuso en la JEP, trato el tema de las alianzas entre civiles funcionarios, militares y paramilitares en las que incluían ayudas políticas, economías y hasta en masacres.

De acuerdo con lo señalado por Mancuso, los paramilitares incidieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia del 2002. Incluso expresó el apoyo que tuvieron a Horacio Serpa, el presidente Pastrana y de Uribe.

“Las Autodefensas intervinieron de manera directa en las elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones a Horacio Serpa, al presidente Pastrana y a Uribe”, expresó.

En su relato, también destacó que estos apoyos no solo fueron nacionales, sino además regionales al reafirmar algunos nombres de políticos como “Eleonora, Miguel Alfonso, Mario Salomón, Zulema, Juan Manuel López Cabrales, Julio Manzur, todos en el departamento necesitaban hacer algún tipo de pacto con las autodefensas".

Las AUC con contratos públicos

Otro punto que también toco el exjefe paramilitar fue como las autodefensas intervinieron en el poder político y administrativo de Córdoba, a tal punto que estuvieron involucrados en los dineros públicos.

“Producciones de oro que no se producía en sus municipios y lo hacían a través de narcotraficantes que traían el dinero lavado de Panamá a través de oro que compraban en Panamá y a través de estas alcaldías trataban de legalizar estos recursos y no se invertían, sino que se perdían. Entonces se les puso un impuesto” dijo.

Esto se suma a que, en los diferentes contratos realizados en varios municipios del departamento, se designaron funcionarios públicos como secretarios de salud de la gobernación, cuyo acuerdo era desviar recursos públicos para obtener un 10% para los alcaldes y otro 10% para las autodefensas.

Al respecto, el magistrado le consultó a Mancuso si la fuerza pública estaba involucrada y tenía nombres, el exparamilitar aseguró que si, pero que los nombres los daría en audiencia privada porque “compromete la seguridad de varias personas y que los nombres aún están tienen alto poder hoy”.

Estos acuerdos también se hicieron con varias multinacionales del país como Ecopetrol, en el cual les permitían extraer combustible para ser vendido y obtener financiamiento acordado durante altos funcionarios en 1998 y 1999.

Estas grandes compañías se suman las bananeras, Bavaria y Postobón, quienes les pagaban el impuesto a las autodefensas para su financiamiento.

Masacres en Antioquia y Montes de María

Sobre varias masacres cometidas por paramilitares, Mancuso se refirió a la ocurrida en Tibú, Norte de Santander, en 1999 y expresó que allí hubo coordinación con la fuerza pública: "en todas estas acciones hubo coordinación tanto con Policía como Ejército. Los pobladores pueden dar fe que convivíamos".

Con relación a 14 masacres en la región de Montes de María, Bolívar, entre 1999 y 2001, Mancuso dijo: "efectivamente tuvimos coordinación en casi todas estas operaciones, todas de la mano de altos mandos militares como el vicealmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, el mayor Juan Bautista Cárcamo, el coronel Ricardo Díaz Granados Mantilla, el mayor Zea, de inteligencia, el capitán Estupiñán. Estuvo el capitán Pastrana y el cabo Barreto, que participaron directamente mezclados, Infantería de Marina con autodefensas.

En relación con las masacres de La Granja y el Aro, Antioquia, en 1996 y 1997, Mancuso reconoció que "hubo coordinación desde un año antes de la operación. Yo personalmente estuve reunido con el general Manosalva. Hubo coordinación con las tropas sobre el terreno".

Al ser consultado sobre si estas acciones tenían un correlato con algún plan oficial o si eran desligados. Mancuso reiteró: "había un plan coordinado. Es imposible mover mil hombres en una zona si no hay un plan coordinado con la fuerza pública".

Luego que Mancuso afirmara que tenía más nombres sobre hechos concretos involucrados en las masacres y otras ilegalidades, el magistrado suspendió la diligencia para realizarlo de la manera privada.