Corte declaró violación masiva de derechos en URI y estaciones de Policía

La Sala Plena de la Corte Constitucional extendió el Estado de Cosas Inconstitucional que se declaró sobre las 132 cárceles del país a los centros de detención transitoria, es decir, a las estaciones de Policía y las URI, al encontrar una violación masiva de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

“La Sala constató que el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario se ha extendido a los denominados centros de detención transitoria (inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata -URI-, entre otros)”, explicó la alta corte.

Según el alto tribunal, estos centros transitorios no tienen las condiciones para mantener privadas de la libertad a las personas que son judicializadas, pero que por el hacinamiento no pueden ser enviados a las cárceles, por lo que ordenó la construcción de cárceles y adecuar nuevos lugares con los cupos suficientes y en los que se garantice la alimentación, la ventilación, el acceso a la luz y a los baños, entre otras condiciones.

Igualmente, en estos espacios se debe garantizar la separación de hombres y mujeres y mayores y menores de edad, gestionando que a todas las personas se les garantice el servicio de salud según las necesidades que tengan los privados de la libertad.

Otra de las órdenes de la corporación es que en máximo dos meses las personas que ya fueron condenadas y se encuentran en estos centros transitorios sean trasladados a las cárceles. De igual forma, ordenó el traslado de quienes tienen medida de detención preventiva en el lugar de residencia y a quienes se les concedió prisión domiciliaria.

En estos traslados se le deberá dar prioridad a las mujeres embarazadas y/o cabeza de familia, los adultos mayores y quienes tengan problemas de salud.

De la misma manera, la Corte le dio un año a las gobernaciones y alcaldías para que organicen un plan de financiación en el que "dispongan de inmuebles, bien sea de aquellos que estén bajo su dominio o a través del perfeccionamiento de contratos como el comodato o el arrendamiento, qcue cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas. Para recibir temporalmente a las personas que no han sido trasladas a una cárcel o penitenciaría”, dijo.

Otras de las órdenes que dictó el alto tribunal en su fallo fueron capacitar a los funcionarios de la Fiscalía y de la Rama Judicial sobre el uso de la detención preventiva, realizar un seguimiento para impulsar la libertad o traslado de las personas procesadas y adoptar medidas de descongestión de los jueces.

Con estas medidas, la Corte Constitucional espera “disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares” y garantizar la protección de todas las personas que han sido judicializadas en el país.