Denuncian ante la CPI supuesto surgimiento de paramilitarismo urbano
Varias organizaciones civiles y sociales entregaron este fin de semana el segundo informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el marco de las protestas en Colombia, ante la Corte Penal Internacional, y denunciaron supuesto surgimiento de paramilitarismo urbano.
La ONG Temblores, la organización Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y el senador Iván Cepeda fueron los encargados de presentar la misiva.
El informe complementario da cuenta sobre nuevos 229 hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1.271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554. Así mismo, detalla cifras recientes y nuevos casos de asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos como encarcelación u otra privación grave de la libertad física.
En el informe se resalta la alerta de hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social. Según las organizaciones, “el informe alerta con preocupación el paramilitarismo urbano que se ha presentado de manera continua desde comienzos de mayo. También entrega evidencias acerca de ataques armados liderados por civiles en presencia de agentes de Policía y del Ejército Nacional en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga”.
Este último informe, señalan sus autores, se le entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) con la voluntad de ampliar y profundizar la denuncia presentada el 12 de mayo pasado.
Frente a estos hechos, los denunciantes advierten que “el silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque y de superiores jerárquicos del gobierno colombiano ha generado un clima de favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país".
En ese sentido, piden a la Fiscalía de la CPI que estudie en materia de complementariedad la inactividad del Estado y la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos. Específicamente se refirieron a “las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación, la actuación de impunidad del fiscal Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del defensor del Pueblo”.
En el informe, las organizaciones indicaron que “los procedimientos se están llevando solamente contra autores marginales y existe la intención de sustraerlos de la responsabilidad penal por crímenes de competencia de la CPI, al tratar los asesinatos, las torturas y otros crímenes de lesa humanidad como “actos de servicio” que son juzgados por tribunales militares. La Justicia Penal Militar no es un órgano independiente, imparcial y competente para juzgar crímenes de lesa humanidad”.
Las organizaciones aseguraron que tanto la Fiscalía como la Procuraduría han sido “órganos absolutamente ineficaces, que además han legitimado con sus declaraciones las actuaciones arbitrarias de la Fuerza Pública y, en algunos casos, violan la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.
El informe a la CPI concluye, insistiendo, en la petición a la fiscal Fatou Bensouda para que visite a Colombia y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables.
En relación con los superiores jerárquicos, señalan al presidente de la República, Iván Duque; al ministro de la Defensa, Diego Molano; al director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas; y al comandante general del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, como responsables de los crímenes cometidos.
