Fiscalía imputará a nueve personas por emergencia en Hidroituango
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció desde Medellín que el ente acusador vinculará a nueve personas a un proceso penal por la emergencia que hubo en el megaproyecto de Hidroituango en el año 2018.
La imputación de cargos tiene que ver con presuntas irregularidades en los contratos y cobijan al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar y el exgerente de EPM, Federico Restrepo.
Mientras que, por falsedad en documento público, serán imputados el abogado Jesús Echeverría y el profesional de EPM, Hernán Sánchez Cruz.
"Todas las líneas de investigación fueron concentradas en una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia", indicó el funcionario.
En 2018, la hidroeléctrica estuvo en riesgo, al igual que cientos de familias, ya que había la alerta de que el río desbordara la presa del proyecto y arrasara todo el Bajo Cauca.
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Las pruebas recolectadas por la Fiscalía
Estas son algunas de las pruebas con las que la Fiscalía sustentará la imputación de cargos que hará contra las nueve personas involucradas en las irregularidades en medio de la emergencia de Hidroituango de 2018.
Según el fiscal general, Francisco Barbosa, se pudo demostrar que en 2015 EPM inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del río Cauca y la construcción de un tercer túnel, sin obtener previamente una autorización de modificación de la licencia ambiental que le fue otorgada.
"Con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada. La Fiscalía estableció que, supuestamente, se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos contrarios a la verdad porque, al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental", explicó Barbosa.
Otra de las irregularidades encontradas por el ente acusador fueron las demoras en la entrada de operación de Hidroituango por cambios en los diseños, retrasos en la contratación y ejecución de las obras, problemas geológicos y geotécnicos no detectados en los estudios técnicos previos, que generaban graves consecuencias económicas.
En este punto, el Consorcio CCC Ituango contrató como ‘obra extra’ un Sistema Auxiliar de Desviación del río Cauca y la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar que ascendió a más de 127.100 millones de pesos y se hizo mediante modificaciones bilaterales al contrato original, en diciembre de 2015.
"Este proceso contractual, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones", aclaró el jefe del ente investigador.
Finalmente, se descubrió que el 30 de marzo de 2011, Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP celebraron un contrato para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica Pescadero - Ituango.
"La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) participaron directamente en la celebración y trámite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP) vulnerando los principios esenciales de la contratación pública", añadió el fiscal General de la Nación.
Finalmente, se espera que en los próximos meses se anuncien nuevas imputaciones de cargos relacionados con los aspectos ambientales del proyecto.
