Por corrupción, la Fiscalía acusó formalmente a Emilio Tapia
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia por su presunta participación en distintos actos de corrupción en los escándalos de contratación con Centros Poblados y con las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
Caso 'Centros Poblados'
En este contrato, que buscaba llevar Internet a 7.000 escuelas rurales del país, Tapia habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal, a cambio de pagarles 4.000 millones de pesos y así lograr apoderarse del contrato con MinTic.
Estas entidades no tendrían ninguna participación, pero su presencia era clave para reunir los requisitos para garantizar la adjudicación de la licitación. Luego, Tapia conoció la obtención de pólizas falsas para respaldar ante MinTic la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos por anticipo.
En la investigación se conoció que Emilio Tapia recibió 6.182 millones de pesos y presuntamente giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para comprar obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta y el pago de honorarios a abogados.
Por estos hechos, la Fiscalía lo acusó de los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
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Inconsistencias en Cali
Tapia igualmente estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en procesos licitatorios ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali) en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones.
Uno de los requisitos era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos; este requisito no se cumplía y por eso Tapia habría adulterado los papeles.
"De esta manera, los funcionarios públicos incurrieron en error y permitieron que las empresas de Tapia Aldana participaran en la licitación y se quedaran con los contratos. En ese sentido, la Fiscalía los acusó de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado", indicó la Fiscalía.
