Procuraduría pide soluciones a la alcaldesa Claudia López por hacinamiento
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tomar las medidas necesarias para enfrentar el hacinamiento de 254% en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la capital del país.
El Ministerio Público destacó que no sólo es preocupante el hacinamiento en estos centros de reclusión transitoria, sino que, además, 409 policías de Bogotá estén dedicados a la custodia de los privados de la libertad, por lo que requirió a la mandataria “asumir directamente, como lo determina la ley, la administración y vigilancia de cárceles para personas detenidas preventivamente”.
El ente de control además enfatizó en su solicitud que, en julio de 2022, la Alcaldía adquirió varios compromisos para atender esta crisis, sin embargo, a la fecha, tales medidas “no han generado el impacto esperado y han sido insuficientes”.
“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, aseguró la Procuraduría.
Así las cosas, el Ministerio Público solicitó a López adelantar las gestiones necesarias con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía para trasladar a los privados de la libertad condenados que están recluidos en las estaciones de policía de la ciudad a las diferentes cárceles del país.
Finalmente, el ente de control requirió a la alcaldesa de Bogotá entregar informes completos sobre el nivel de cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional para resolver la crisis penitenciaria y carcelaria.
“Debe hacer uso de los recursos (Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonset y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon) a los que el Distrito tiene acceso, para la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y la posibilidad de contratar con empresas de seguridad acreditadas el servicio de custodia y vigilancia”, concluyó la Procuraduría.
