Procuraduría inhabilita a Luz Piedad Valencia, exalcaldesa de Armenia
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años a la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, por corrupción en la contratación de proyectos de construcción, adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura vial, que comprometieron cerca de 17.000 millones de recursos de valorización.
El ente de control también destituyó e inhabilitó, por quince años, al entonces secretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada, y a quienes fungían como director y subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Ricardo Arturo Ramírez Londoño y Juan Sebastián Londoño Forero.
El Ministerio Público señaló que Valencia incurrió en actos de corrupción al involucrarse en los pactos ilegales acordados entre su esposo, con el cual se confabuló e indirectamente recibió dadivas, y el contratista Fernando León Díez Cardona, para facilitar la adjudicación de dos contratos de 2015.
Los acuerdos buscaban construir obras públicas en favor de las empresas que representaba Díez, para integrar las uniones temporales Vías de Armenia y Puentes de Armenia. Como resultado, dice la Procuraduría, diez de las obras aprobadas por el Concejo de Armenia quedaron en manos de Díez.
Para fingir legalidad, la exalcaldesa delegó facultades de contratación al Departamento Administrativo Jurídico y a la Secretaría de Infraestructura, lo que permitió que la Secretaría haya suscrito con la Empresa de Desarrollo Urbano, EDUA, contratos interadministrativos que antecedieron los contratos de obras desarrollados por el equipo de la constructora Diez Cardona.
La entidad indicó que Valencia incurrió en concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, contratos sin requisitos legales y peculado en provecho propio y de terceros. Lo mismo se le endilga a Julio Escobar, secretario de Infraestructura.
En cuanto al director del Departamento Jurídico del municipio, Ricardo Ramírez, "se corroboró que era responsable de concertarse para cometer conductas delictivas y por la celebración de contrato sin requisitos legales", señala el organismo disciplinario en un comunicado.
Finalmente, se estableció la responsabilidad de Juan Sebastián Londoño en falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin requisitos legales.
Las conductas de los investigados fueron calificadas por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 como gravísimas a título de dolo.
