JEP imputó a 10 militares y un civil por ejecuciones extrajudiciales

La Jurisdicción Especial Para la Paz le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 militares y un civil por haber participado en ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Estas personas habrían participado en la muerte de por lo menos 120 personas en estado de indefensión, quienes fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, según señaló la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz.

“Y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar, la Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.”, indicó la magistrada Díaz.

Entre los imputados se encuentran el que fuera comandante de la Brigada 30 del Ejército, el brigadier general Paulino Coronado; los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM 15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Estas imputaciones hacen parte del primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que se expedirán en el caso 03 (conocido como el de ‘falsos positivos’), de acuerdo con la priorización que se hizo pública por parte de la JEP en febrero de 2021, a través del Auto 033. Antioquia, la costa Caribe, Huila, Casanare y Meta son los otros cinco subcasos territoriales priorizados a la fecha por la Jurisdicción.

Además, según se estableció en el Auto 06 emitido por la Sala de Reconocimiento de la JEP, los comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel.

Frente a estas imputaciones, la JEP aseguró que, “estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”, y sin la estigmatización de la población civil”.

Así mismo, es importante señalar que estas imputaciones, son el resultado del estudio y contrastación judicial de 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas defensoras de derechos humanos, 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares).

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyeron que "los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad".

Patrón macrocriminal y sus modalidades

La Sala de Reconocimiento estableció que los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal.

"Estos graves crímenes fueron cometidos por miembros de la BRIM 15 y el BISAN en el marco de un mismo plan criminal y con división del trabajo, en un territorio determinado y en un mismo período de tiempo".

Se determinó que las 120 víctimas asesinadas tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi.

“Las 120 víctimas identificadas por la Sala de Reconocimiento fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate “real” alguno”, dijo la JEP.

Las víctimas que fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales fueron seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia. Se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.

La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales. La segunda modalidad consiste en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.

"A partir de diciembre de 2007 se puso en marcha un negocio criminal en el que miembros del Ejército Nacional transaron con terceros para que reclutaran a jóvenes de otros municipios y ciudades del país a cambio de una remuneración económica, todo con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo, asesinarlos y utilizar sus cuerpos para sumar criminalmente a las estadísticas oficiales del éxito militar en la guerra", aseguró la JEP.

Las víctimas eran habitantes de Soacha (Cundinamarca), Bogotá, Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander).

La Sala de Reconocimiento pudo determinar que la modalidad de engañar a las víctimas de otras ciudades para presentarlas como bajas en combate en el Catatumbo tuvo su origen en las oficinas de la comandancia del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) en Ocaña.

Para la JEP “existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables”.

Los once imputados se han beneficiado de la libertad anticipada que otorga la JEP o los jueces ordinarios de la justicia, no obstante, están vinculados a la investigación y por tratarse de crímenes de lesa humanidad, no tienen prescripción.

Así mismo, el magistrado Oscar Javier Parra informó que el próximo 16 y 17 de julio estará en Yopal (Casanare) en audiencias de observaciones en donde van a escuchar a las víctimas sobre lo que saben de estos delitos, en medio de unas audiencias de versión libre.

Para finalizar, el presidente de la JEP dijo que, con estas imputaciones, se espera que “el país y la comunidad internacional conozcan uno de los hechos más graves que ha ocurrido en el conflicto colombiano, con el propósito de que se produzcan cambios y transformaciones para que estos hechos no se repitan. Es una exigencia de toda Colombia”, aseveró Cifuentes.