JEP prohíbe exhumaciones y entierros en el cementerio El Carmen de Riosucio
En la mañana de este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz prohibió durante seis meses los entierros y exhumaciones en el cementerio El Carmen, de municipio de Riosucio, Caldas.
Esta medida cautelar fue decretada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) con el fin de proteger a las víctimas no identificadas que allí se encuentran y el proceso posterior de identificación de aquellas que fueron víctimas de desaparición forzada.
Además responde a la solicitud que elevaron a la JEP el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Cabildo indígena de San Lorenzo y el Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), tras reportar una serie de acciones en dicho cementerio que podrían afectar los datos sobre los cuerpos allí inhumados.
En este cementerio, de acuerdo con la Jurisdicción, puede haber cerca de 200 víctimas de desaparición forzada “si se tiene en cuenta que el registro de los desaparecidos en el resguardo indígena de San Lorenzo da cuenta de 125 personas identificadas y 27 no identificadas, y que las inspecciones realizadas en toda el área de Riosucio por el Cuerpo de Bomberos reportan 240 personas con posible identidad y 148 no identificadas”, agrega el comunicado de la Jep.
Añade el comunicado que de las 125 personas identificadas en el resguardo indígena de San Lorenzo, 47 habrían ocurrido entre 1985 y 2009 y 42 de estas personas podrían estar en el cementerio de Riosucio.
Sobre los presuntos responsables de tales hechos, la Jurisdicción informó que en un trabajo colectivo de recopilación de información se logró determinar que se se trataría de diversos grupos, entre ellos, las extintas Farc-EP, especialmente el Frente 47, que operaba en la región, integrantes de la fuerza pública, estructuras paramilitares y otros grupos armados no identificados.
Por último la Jurisdicción solicitó información pertinente a la organización Equitas, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio, al Instituto de Medicina Legal (Unidad Básica de Supía), a la Procuraduría Regional y a la Alcaldía de Riosucio para esclarecer las cifras de desaparecidos porque no hay claridad frente al tema.
