A la cárcel clan familiar dedicado a explotar sexualmente mujeres en Chile
Un juez de la República envió a la cárcel a siete personas que conformaban una red de trata de personas que engañó a por lo menos 27 mujeres en Colombia, para explotarlas sexualmente en Chile.
Según la investigación de la Fiscalía, este clan familiar captaba a las jóvenes en Manizales (Caldas) y, con falsas expectativas laborales, las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y mantenerlas en ese lugar bajo multas y amenazas.
La red se encargaba de tramitar sus pasaportes, tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá y, posteriormente, a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco para después fijarles una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos, pero que iba en aumento por los gastos de manutención y multas por no acceder a las pretensiones sexuales.
“Permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en una pequeña habitación en medio de precarias condiciones de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web”, explicó al juez la Fiscalía.
Además de las multas y los tratos inhumanos, este clan familiar también obligaba a las mujeres a grabar videos con contenido explícito mostrando la cara, como método de intimidación para que no escaparan, pues en tal caso enviarían las grabaciones a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas.
Igualmente, la Fiscalía indicó que con el dinero que obtenían por la explotación de estas jóvenes, la red cubría los gastos para ubicar a más mujeres en el Eje Cafetero y moverlas al exterior.
Los procesados son Beatriz Elena Marín, presunta articuladora y encargada de la captación y traslado de las víctimas; Martha Yolanda Marín, quien sería la responsable de recoger las jóvenes en Manizales y acompañarlas a Chile, donde también asumió la administración de los inmuebles en los que permanecían las víctimas; María Lucena González, señalada de recibir giros de Chile y distribuirlos entre los demás integrantes del ‘clan’ para ubicar más víctimas.
Cristian Javier Marín, posible encargado de la selección y traslado de las mujeres y de recibir giros de Chile; Jorge Eliecer García, estaría involucrado en la recepción de dinero de Chile y de darle apariencia de legalidad; William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas, responsables de comprar los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes.
Por los hechos estas siete personas tendrán que responder por delitos como trata de personas, lavado de activos, tortura y concierto para delinquir.
