Fiscalía imputará de nuevo al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo
El mismo día que el Tribunal de Bogotá negó la libertad del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Fiscalía informó que lo imputará nuevamente por este mismo caso.
De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, esta imputación se sustenta en una investigación que indicaría que Monsalvo Gnecco, en su primer periodo como gobernador del Cesar entre 2012 y 2015, habría participado en irregularidades en la firma del contrato de este programa.
El material de prueba daría cuenta que este contrato, firmado en el primer semestre de 2015, habría violado los principios de transparencia y selección objetiva, entre otros. Además no se habrían realizado los estudios previos y los pliegos de condiciones no estaban ajustados al objeto contractual, lo que habría conducido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos.
Por estos hechos, Monsalvo Gnecco será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
En contra del gobernador ya cursa una actuación penal en la Corte Suprema de Justicia, en la cual ya fue acusado, por irregularidades en un contrato suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo, por un valor que alcanza los 17.140 millones de pesos, mismo que tuvo un plazo de ejecución de 59 días.
“En las verificaciones, la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a más de 3.172 millones”, señaló la Fiscalía en el momento de la acusación.
Según la Fiscalía General, para argumentar los sobrecostos, se facturó el kilo de hígado por 65.406 pesos, pese a que en el mercado tiene un valor de 14.000 pesos.
En la ejecución del contrato también se presentaron graves irregularidades relacionadas con la entrega de alimentos en mal estado y a punto de pudrirse. Este fue el caso de la Institución Educativa Distrital Sagrado Corazón en Aguachica.
“Reiteradamente habían quejas de parte de familias y de estudiantes, porque se servían raciones pequeñas, porque se repetía el menú, en otro caso se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras (de alimentos), o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias adecuadas para la preparación de los alimentos. En algunas oportunidades, los estudiantes debían desplazarse hasta la casa de las manipuladoras para tomar sus alimentos, a pesar de haberse exigido las condiciones de disponibilidad entre los vehículos adecuados para el transporte de alimentos”, señaló el fiscal.
