Piden que se mantenga fiscal del caso de Carlos Pizarro
La Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en representación de la familia del asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro Leóngómez (1991), le solicitó al fiscal general Francisco Barbosa, revocar el traslado del proceso y cambio del fiscal que adelantaba la investigación por este magnicidio.
De acuerdo con los abogados de la familia, pese a que este caso lleva 31 años en impunidad y desde hace siete años la investigación la adelanta el fiscal Mauricio Ponce, sin ningún motivo, el jefe del ente investigador decidió que un nuevo delegado llevará el proceso que hoy cuenta con más de 100 cuadernos y 25 mil 500 páginas.
“El nuevo fiscal asignado tendría que entrar a conocer a fondo este voluminoso expediente con el correspondiente retraso en las investigaciones que tomaron un indudable impulso en cabeza del Fiscal Ponce”, explican.
En la carta que le enviaron a Barbosa advierten que con esta decisión se agravia a las víctimas, vulnera los derechos al debido proceso y las garantías judiciales por lo que piden que está decisión sea reversada.
“Esta solicitud se basa en que su decisión es injustificada, obstaculiza el avance de la investigación y atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia en un caso que después de 31 años sigue en la impunidad”, se lee en el documento.
Por este magnicidio fueron condenados en 2002 los exjefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño Gil, luego la investigación estuvo paralizada durante doce años, hasta 2014 cuando le fue asignada al fiscal Ponce.
La familia además indicó que por las gestiones del Ponce se llamó a “juicio al exescolta del DAS Jaime Ernesto Gómez, llamado a indagatoria a Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del DAS y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la entidad, así como compulsado copias a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia para investigar al exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el magnicidio”
Cabe recordar que este caso fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019 que recordó que “el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal y que, éste constituye una vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes (…) como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa”.
