Fiscalía revoca beneficio de suspensión de orden de captura a 31 integrantes del Eln
En un giro inesperado en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles la reactivación de 31 órdenes de captura contra los voceros del grupo armado que participan en la mesa de negociación con el Gobierno.
La decisión se produce en medio de una agudización de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, donde desde el pasado 16 de enero una ola de violencia ha golpeado a la población civil y a líderes sociales.
La resolución, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, argumenta que las recientes acciones del ELN contradicen los compromisos asumidos en el marco del proceso de paz.
Según el documento oficial, "la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del Eln y el incumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión de las órdenes de captura justifican esta decisión, en cumplimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de noviembre de 2023".
Entre los principales involucrados por la medida se encuentran altos mandos del Eln como Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Pablo Beltrán; Nicolás Rodríguez Bautista y Aureliano Carbonell, así como otros 27 integrantes de la organización.
Crisis en el Catatumbo
La región del Catatumbo ha sido escenario de una escalada de violencia desde mediados de enero, afectando gravemente a civiles, firmantes del acuerdo de paz con las Farc, líderes sociales y sus familias.
En un hecho que ha generado repudio nacional e internacional, el máximo líder del Eln, alias ‘Antonio García’, reconoció públicamente la responsabilidad del grupo en los recientes ataques a través de la red social X. Estas declaraciones fueron reforzadas por Gregorio Manuel Pérez Martínez, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, en comunicados emitidos entre el 17 y 19 de enero.
Los hechos denunciados incluyen homicidios, desplazamientos forzados y amenazas, lo que llevó a la Fiscalía a revocar los beneficios de suspensión de captura que habían sido otorgados a los voceros como parte de los acuerdos previos en el proceso de negociación.
