Por lo menos 43 personas han muerto durante protestas: Fiscalía General
Del 28 de abril al 23 de mayo, la Fiscalía General de la Nación reportó 43 muertes durante las protestas, de las cuales 17 están directamente relacionadas con las manifestaciones que se adelantan en el país hace casi un mes.
Estás muertes se han presentado en Bogotá (1), Cali (8), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (3) y Tolima (1).
Adicionalmente, el ente investigador verifica si siete muertes más están relacionadas con las protestas y sobre 19 "hay evidencia para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones".
Asimismo, la Fiscalía resaltó que ya se ha ubicado a 290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, sin embargo, sigue en la búsqueda de 129 personas.
Al momento, solo existe una denuncia por el delito de desaparición forzada en Zaragoza (Antioquia), en hechos relacionados con las protestas del pasado 4 de mayo.
Procuraduría avanza en investigaciones
La Procuraduría General de la Nación avanza en 88 investigaciones disciplinarias por estos mismos hechos, de los cuales 78 son contra miembros de la fuerza pública por excesos de la fuerza, abuso de autoridad, supuestos abusos sexuales y homicidios como el de Santiago Murillo en Ibagué en las manifestaciones del 1 de mayo.
Las 10 indagaciones restantes son contra los alcaldes de Cartagena, Pereira, Villavicencio, Neiva, el gobernador de Magdalena, dos concejales de Guarne (Antioquia) y La Tebaida (Quindío) y el Gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio Nariño (Antioquía), por sus declaraciones y supuestas acciones irregulares durante las manifestaciones en el país.
De igual forma, tanto el alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) como el de Paipa (Boyacá) están siendo investigados por presuntamente apoyar las protestas.
De la misma manera, el ente de control avanza en la recepción e investigación de 228 quejas.
Por estos hechos, tanto la Procuraduría General como la Fiscalía General advierten que, aunque la protesta pacífica es un derecho fundamental, los bloqueos u obstrucción a la vía pública "violentan derechos y producen daños irreparables a la población por los que deben responder penalmente (...) Adicionalmente, si son funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales".
"Hacemos una clara advertencia que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación", concluyen.
