Listo el decreto para que detenidos paguen sus brazaletes para obtener prisión domiciliaria
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, junto al presidente Iván Duque firmaron el decreto mediante el cual los privados de la libertad tendrán que pagar su brazalete de seguridad, si quieren obtener la medida domiciliaria para cumplir sus penas fuera de las cárceles del país.
Con este decreto, el Estado solo tendrá que asumir el gasto de los brazaletes en caso de que el privado de la libertad demuestre que por su situación económica no puede pagarlo, de lo contrario cada interno deberá pagar el costo de ese mantenimiento mensual, que actualmente cuesta 700 mil pesos, pero que reduciría sus costos con los nuevos equipos.
“Por regla general el costo del brazalete electrónico será sufragado por el beneficiario de la medida, no obstante, cuando de manera excepcional este no cuente con los medios económicos que le permitan sufragar dicho valor, el Gobierno Nacional se encontrará en la obligación de entregarlo”, indicó Ruiz.
El jefe de la cartera de Justicia, además explicó que el beneficiario de la medida podrá aportar las pruebas que demuestren su falta de capacidad económica para el pago del mecanismo de vigilancia electrónica.
“Si bien el decreto establece un cobro para la obtención del brazalete electrónico, en aras de la materialización del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, se hace necesario que la falta de capacidad económica de las personas privadas de la libertad, no se constituya como obstáculo para el acceso a los sistemas de vigilancia electrónica”, dijo.
Por su parte, el mayor general Mariano Botero, director general del Inpec, añadió que “este brazalete se le entrega a personas que están próximas a cumplir su condena, estamos hablando de 3/5 partes de sus delitos y haya tenido un buen comportamiento, aquí se le entrega el dispositivo que va unido en sus extremidades inferiores”.
El ministro de Justicia explicó que el costo que asumirán los internos solo es por la asignación y uso de los sistemas de vigilancia electrónica, más no se estarían vendiendo estos dispositivos a las personas privadas de la libertad.
