La Fiscalía imputará y pedirá prisión preventiva contra 25 militares tras la operación realizada en marzo de 2022 en la zona de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, donde murieron once personas, la mayoría civiles.
La operación militar se desarrolló, presuntamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron, tratándose, según la comunidad, de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias.
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Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias ‘Bruno’, parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que presuntamente están aliados con la Segunda Marquetalia.
Juan David Ayure, abogado, representante de víctimas y asesor jurídico de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), manifestó que hubo violaciones a los derechos humanos frente a este caso.
"El 11 de mayo radicaron la solicitud de audiencia de imputación ante los jueces de Putumayo -porque allí sucedieron los hechos- de 25 militares activos del Ejército de Colombia. Entre estos militares se encuentra un coronel, un capitán, un teniente, un grupo grande de soldados profesionales y algunos suboficiales".
Estos militares, según la Fiscalía, deberán responder por delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa.
El próximo viernes se dará a conocer la sentencia final para los militares y la reparación para las víctimas.