La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, Andrés Mayorquín, por posible tráfico de influencias.
El órgano de control busca establecer si Mayorquín también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados 24 multimillonarios contratos a su esposa, Karen Vaquiro, en distintas entidades estatales.
Aunque aún no se abrirá investigación a Vaquiro, se se comprobó que asumió funciones públicas, por lo tanto será vinculada a la investigación junto a su esposo.
"De manera preliminar, la condición de Vaquiro no permitiría dar inicio a una actuación disciplinaria en su contra, por no ser sujeto disciplinable, como lo señala el Articulo 25 de la Ley 734 de 2002, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”, explicó la Procuraduría General.
Por su parte, el exasesor Mayorquín tiene derecho a ser escuchado en versión libre y aportar las pruebas que considere necesarias en este proceso.