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Procuraduría investiga denuncias en elecciones de Corporaciones Regionales

El Ministerio Público hizo un llamado a alcaldes y gobernadores del país para no interferir en las votaciones porque se podrían enfrentar a procesos disciplinarios.
Nataly Ayala Mendoza.

Luego de conocerse las denuncias de dos alcaldes de Santander por recibir supuestas presiones para cambiar su voto en la elección de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga (CDMB) la Procuraduría informó que le pone la lupa a las elecciones en las corporaciones de todo el país.

Según la procuradora, Margarita Cabello, se está haciendo un seguimiento robusto y se aplicarán las sanciones a las que haya lugar si se encuentra interferencias de alcaldes y gobernadores.

“Estoy vigilante y atenta a esos procesos de selección de representantes de alcaldes de los consejos directivos de las corporaciones, pues he recibido quejas que advierten de presiones indebidas, actuaciones irregulares y riesgo de corrupción en dichos procesos”. 

En Santander una de las denuncias llegó de la alcaldesa de Suratá, Ana Coronado, quien señaló que fue suspendida de su cargo un día antes de realizarse la elección de la Junta Directiva de la CDMB, porque no accedió a presiones. 

“Duré varios meses pidiéndole al gobernador de Santander una cita para hablar de educación, adultos mayores y nunca tuvo agenda. La semana anterior a la reunión de la CDMB me llamaron varias veces del despacho y como no tuve agenda disponible, me llegó un correo que me suspendían del cargo sin sustento jurídico”, indicó la alcaldesa.

Pero no solo se suspendió a la mandataria sino también al secretario del Interior del municipio, por lo que ninguno pudo votar en la junta. En su representación fue elegido Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento.

La suspensión ocasionó que, durante la diligencia de votación, varias personas manifestaran a las afueras de la entidad ambiental. Incluso agredieron al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a su llegada a presidir la junta. 

La mandataria le dio poder a un abogado quien instauró acciones legales para que pueda volver a su cargo y declare nula la elección de la junta, que no pudo contar con su voto. 

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