¿Quiénes son las tres juristas que podrían ser fiscal general?
El presidente Gustavo Petro envió a la Corte Suprema una terna de tres mujeres entre las que el alto tribunal escogerá a la sucesora de Francisco Barbosa.
Petro, además de pedirle a la Corte considerar asignar un fiscal ad hoc para las investigaciones contra su familia, presentó a tres candidatas con historial en la Fiscalía. Esta es la hoja de vida de cada una, en la que se destaca experiencia previa en derecho penal, algo que no ocurría con ternas anteriores.
Las tres exfiscales también tienen conocimientos en derechos humanos y participaron en investigaciones de alto impacto para el país.
Ángela María Buitrago Ruiz
Es abogada del Externado. Fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2010. En ese tiempo fue la encargada de investigar a altos mandos militares por la retoma del Palacio de Justicia.
Por su despacho pasaron los expedientes del coronel Alfonso Plazas Vega, así como de los los generales Jesús Armando Arias e Iván Ramírez.
Buitrago es especialista en derecho penal de la Universidad de Salamanca. Además, tiene especialización en derecho penal y ciencias criminológicas del Externado. También es magíster en derecho penal y doctora en derecho y en sociología de la misma universidad, donde además se desempeña como docente.
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Amparo Cerón Ojeda
En 2020 renunció "irrevocablemente" a la Fiscalía luego de estar en la institución desde 1989. Sin embargo, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) todavía aparece como fiscal delegada ante tribunal superior y como parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Cerón investigaba el caso Odebrecht, pero fue apartada por Barbosa por "falta de resultados". Ella criticó esa decisión, dijo que no tenía fundamento y la tomó como razón principal para renunciar. Barbosa creó luego una unidad especial que adelanta las investigaciones sobre ese entramado de corrupción.
En 2019, sufrió un accidente de carretera en Chile que la dejó en coma durante diez días. En ese momento hubo especulaciones por lo que conocía de Odebrecht, pero nunca se ha comprobado que ambos hechos estén relacionados.
Amparo Cerón es boyacense, abogada y tiene una especialización en administración pública y otra en derechos humanos.
Amelia Pérez Parra
Como fiscal fue coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y llevó investigaciones contra paramilitares y altos mandos militares. En particular, contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso por las masacres de Itagüí, Trujillo, El Aro y Mapiripán, casos que comprometían a miembros del Ejército.
Por sus investigaciones recibió amenazas y tuvo que exiliarse en Canadá, donde actualmente se desempeña como consultora. En abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección a ella y otros fiscales, entre los que también se encontraba Amparo Cerón Ojeda.
