Fiscalía acusó a implicados en hechos de corrupción en Santander
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres exfuncionarios de la gobernación de Santander y a un contratista como presuntos responsables de las irregularidades en los contratos para reforzar los escenarios de la Villa Olímpica de Bucaramanga.
Según la investigación el contrato con sus prórrogas tuvo un valor de $22.000 millones de pesos, de los cuales el 16%, al parecer, se comprometió para el pago de dádivas. De esta manera, recibió 4.374 millones de pesos, de los cuales se habría apropiado de 1.889 millones de pesos.
Adicionalmente a este contratista se le entregó información privilegiada para mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones, “le habrían reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que nunca se realizaron, y por subcontratar a personas y empresas que no participaron en el proyecto”, indicó la Fiscalía.
Los acusados son la entonces supervisora de contrato, la ingeniera Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, por el delito de prevaricato por omisión; el abogado de la Secretaría de Infraestructura, Édgar Fabián Báez Ariza, por interés indebido en la celebración de contratos; el asesor jurídico de la secretaría de Infraestructura, Sergio Andrés Pitta Rueda, por interés indebido en la celebración de contratos y concusión; y el contratista Octavio Reyes Sarmiento por peculado por apropiación.
Mientras que el abogado Báez Ariza estaría involucrado en el direccionamiento del contrato de obra y la entrega a Reyes Sarmiento de datos sobre cantidades de obra y presupuesto para que ajustara su propuesta.
De otra parte, el abogado Pitta Rueda es señalado de gestionar la adición presupuestal del proyecto y de solicitar más de 13 millones de pesos a la interventoría para cambiar la modalidad de pago.
Finalmente, la ingeniera Wandurraga Ballesteros no advirtió en sus informes el uso inadecuado del anticipo y la demora en la ejecución de las obras.
