Las cinco claves para entender el Acuerdo de Escazú
El pasado martes, 26 de julio, con 74 votos a favor y 22 en contra, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Con esto pasa a su trámite en la Cámara de Representantes en donde deberá lograr dos votaciones positivas para así poder pasar a sanción presidencial.
Todo tipo de opiniones han resultado respecto a este proyecto pero, ¿qué es el Acuerdo de Escazú y por qué ha sido tan polémica su ratificación?
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El proyecto denominado “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, por 22 países de la región con el propósito de “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, según expone la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
En otras palabras, el Acuerdo de Escazú es una herramienta jurídica que busca proteger al medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que es una de las regiones más megadiversas del mundo y a la vez es una de las más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente.
Cabe resaltar que aunque Colombia firmó el Acuerdo de Escazú el 11 diciembre de 2019, este no se ha implementado pues su proceso de ratificación está avanzando en el Congreso.
#EscazuAhoraColombia ?? para vivir en paz es preciso vivir en armonía con la naturaleza. Hoy se aprobó en segundo debate de Senado el acuerdo de Escazú, un paso fundamental para proteger a quienes cuidan los derechos ambientales en esta era de cambio.
— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) July 27, 2022
¿Qué busca garantizar el Acuerdo de Escazú?
Siendo consecuente con su objetivo principal, el Acuerdo busca crear mecanismos mediante los cuales se puedan garantizar los siguientes derechos en la región:
- Acceso a información oportuna y comprensible para las comunidades sobre los procesos que puedan afectarlos a ellos y a sus territorios.
- Participación pública en la toma de decisiones que impacten el medio ambiente.
- Promoción de la defensa de los derechos de actores que protegen el medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
- Mayor acceso a la justicia para aquellos casos en los que se haya afectado el medio ambiente y los derechos humanos.
- Promoción de la cooperación entre los países aliados.
¿Cómo se implementaría el Acuerdo?
Cada gobierno deberá facilitar los medios de implementación para cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo conforme sus posibilidades y prioridades nacionales, teniendo en cuenta aspectos como:
- Formar y capacitar en derechos de acceso a asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos.
- Promover la educación, capacitación y sensibilización en temas ambientales haciendo uso de recursos como módulos educativos básicos.
- Dotar a las instituciones y organismos competentes con equipamiento y recursos adecuados.
- Contar con medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como la interpretación o traducción en idiomas distintos al oficial.
- Reconocer la importancia de las asociaciones, organizaciones o grupos que contribuyan a formar o sensibilizar al público en derechos de acceso.
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¿Por qué algunos sectores se oponen al Acuerdo?
Distintos gremios empresariales y algunos sectores políticos se han opuesto a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Algunas partes sostienen que en Colombia ya existe una normativa que provee la participación ciudadana y la transparencia en la entrega de la información, sin embargo, cabe resaltar que no todas esas leyes fueron específicamente diseñadas para temas ambientales.
Adicionalmente, se considera que su ratificación supone riesgos para la soberanía del país al permitir que una jurisdicción internacional influya frente a temas ambientales.
Otra de las razones que sustenta su rechazo es que se cree que el Acuerdo es una presunta amenaza para la seguridad jurídica de los inversionistas, que es considerada una de las ventajas competitivas del país, por lo que, de darse la ratificación del Acuerdo, auguran un impacto negativo a la inversión privada y, por ende, a la economía del país.
La soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona Derechos Humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional. Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que sí causan la muerte. #AlertaConEscazú pic.twitter.com/A7dr5WB5SP
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 26, 2022
¿Qué dicen las voces a favor?
“La ratificación y posterior implementación del Acuerdo de Escazú le permitiría a nuestro país contar con más garantías para la prevención y transformación de los conflictos ambientales. En Colombia, más que un asunto de voluntad política, esto es una obligación estatal. El no reconocimiento de los derechos de las personas defensoras del ambiente en un país como Colombia es una forma de violencia estatal”, son las palabras de Mauricio Madrigal, profesor y director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, uno de los académicos que conforman Alianza por el Acuerdo de Escazú.
Esta Alianza, de la que WWF Colombia hace parte, también ha argumentado que es evidente la ausencia de una verdadera justicia ambiental en el país, así como la situación de riesgo que viven los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, pese a, como señaló el Consejo Gremial Nacional, la “amplia y rigurosa normatividad de orden constitucional” para protección de los derechos humanos y de los líderes sociales.
Los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú
El tratado fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 13 ya lo han ratificado, entre ellos se encuentran Bolivia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y México.
