La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado ordenar que el páramo de Guargua y Laguna Verde en Tausa, en Cundinamarca, no vuelva a ser objeto de adjudicación, ni de ninguna clase de exploración o explotación minera no controlada.
Según el ente de control, esta zona fue objeto de explotación por cerca de nueve años, sin embargo, ya no se encuentra vigente desde 2015 y, en 2018, tras haber sido adjudicada esta concesión, la zona de exploración minera fue declarada por la CAR como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado.
Agregó el Ministerio Público que la Agencia Nacional de Minería no reportó en su momento a la CAR este contrato minero por lo que este organismo protegió la zona, “si con posterioridad a la celebración de un contrato una norma prohíbe desarrollar la actividad objeto de este, ello no conlleva su nulidad. Esto justamente ocurre en el presente caso, pues al momento de celebrarlo no existía prohibición de adelantar actividad minera en el área prevista en el contrato”.
En consecuencia, el Ministerio Público recomendó al Consejo de Estado que “si quería contrarrestar los efectos nocivos de la actividad minera concesionada, pudo haber optado por la declaración de la ineficacia del contrato desde el momento en que la zona fue declarada reserva, para evitar que se siguieran desarrollando actividades de exploración y explotación de carbón”, indicó.
Así mismo, el ente de control solicitó a esa corporación “ordenar que el área que fue materia de ese contrato de concesión se preserve y no vuelva a ser objeto de adjudicación, ni de ninguna clase de exploración o explotación no controlada, impartiéndole órdenes expresas a la CAR y a la Agencia Nacional de Minería en ese sentido”.