La batalla de la ONU para proteger la altamar: Puntos clave para su conservación
Con la conservación del 60% de océanos y mares del mundo en juego, el 20 de febrero se reanudan las negociaciones sobre un tratado de la ONU para proteger la altamar, vastas zonas del planeta que no pertenecen a nadie.
Aquí algunas de las cuestiones clave:
Explotar y conservar
En virtud de un mandato acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2017, tras más de 10 años de conversaciones, el tratado tiene por objeto establecer la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas que no están bajo el control de ninguna nación, un área que abarca más del 60% de los océanos del mundo.
Según un borrador, el tratado se aplicará a la altamar, la parte de los océanos situada fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los países, que llegan hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las costas), así como a los fondos marinos y al subsuelo.
Esto permitiría, en principio, aplicar medidas a las actividades mineras y pesqueras.
Responsabilidad dividida
Pero la próxima Conferencia de las Partes (COP, formada por todos los Estados signatarios) también tendrá que lidiar con organizaciones regionales e internacionales que ejercen su influencia sobre partes de los océanos.
Entre ellas destacan las organizaciones regionales de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que expide licencias para explorar los recursos mineros submarinos y posiblemente para explotarlos en zonas limitadas.
Zonas marinas protegidas
Una "herramienta" clave que se está debatiendo es la creación de zonas marinas protegidas, que ahora existen principalmente en aguas territoriales.
Dependiendo de lo que propongan los Estados miembros, la COP crearía estos santuarios en zonas con atributos ecológicos vulnerables y únicos donde las especies estén en peligro.
Pero queda por resolver la cuestión crucial de cómo se decidirán exactamente estas zonas.
Al igual que en otras COP, como la enfocada en cuestiones climáticas, las decisiones suelen tomarse por consenso.
Pero el borrador del tratado de la altamar permite crear zonas protegidas por mayoría de votos, lo que impide que un solo país o un pequeño grupo de naciones bloquee la voluntad de la mayoría.
El tratado no especifica cómo se aplicarán las medidas de protección en las vastas y remotas zonas oceánicas. Algunos expertos afirman que podrían utilizarse satélites para detectar infracciones.
Según el borrador, cada Estado será responsable de las actividades sobre las que tenga jurisdicción, incluso en aguas internacionales.
Reparto de recursos
En la altamar, los países y las entidades bajo su jurisdicción podrán recolectar materia animal, vegetal o microbiana cuyo material genético pueda resultar útil, incluso comercialmente. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas que esperan descubrir moléculas marinas con propiedades curativas.
Para proporcionar una parte de la riqueza marina a los países que no puedan llevar a cabo investigaciones costosas, el tratado prevería el reparto de los beneficios.
Sin embargo, la forma exacta en que esto funcionaría sigue siendo la manzana de la discordia entre las naciones ricas y las más pobres.
El borrador sugiere una redistribución inicial del 2% -que podría llegar al 8%- de las ventas futuras de productos basados en los recursos genéticos de los océanos. Pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo.
En términos más generales, el proyecto aboga por la transferencia de tecnologías marinas a los países en desarrollo y el refuerzo de sus capacidades de investigación.
También establecería una "plataforma de acceso abierto" para compartir información.
Evaluación del impacto
El tratado exigirá a los signatarios que evalúen el impacto ambiental de las actividades previstas antes de ser autorizadas, pero la forma exacta de hacerlo no está nada clara.
Para los grupos no gubernamentales, esto será un factor determinante de la solidez del tratado final.
Entre las preguntas figuran: ¿Qué actividades tendrían que evaluarse, sólo las de la altamar o también las de aguas nacionales que pudieran afectar a la altamar?
¿Las evaluaciones se realizarían sistemáticamente o sólo cuando se prevea un impacto importante? ¿Y quién decidiría si una actividad puede ser autorizada, la COP o el país con autoridad sobre la entidad que espera llevar a cabo la actividad?
¿Un tratado "universal"?
Los defensores de los océanos insisten en que, para ser eficaz, el tratado debe ser "universal", apoyado por el mayor número posible de países.
Pero podría entrar en vigor cuando lo hayan ratificado 30 o 60 países, un número aún por decidir.
