Colombia debe promover integralidad del archipiélago de San Andrés ante La Haya: analista
En Señal de la Mañana, la coordinadora de la maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado, María Teresa Aya, se refirió al inicio de las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la demanda de Nicaragua contra Colombia por la supuesta violación de los derechos marítimos en el Caribe. La experta destacó que el país debe promover la integralidad del archipiélago de San Andrés y Providencia en esta instancia internacional.
La docente explicó que el reclamo consiste en que “Nicaragua acusa a Colombia de violar la soberanía del mar, que le fue entregado en el fallo del 2012, por presuntamente usar la fuerza indebida y desproporcionada en aguas internacionales”. Esto, a pesar de que el país, en el 2016, aseguró que cumple únicamente con una función de patrullaje marítimo.
Según el análisis de Aya, desde la defensa se deben promover tres temas fundamentales en el proceso de negociación: por un lado, está la integralidad del archipiélago, “para poder subsanar la conexión dentro del mismo y solucionar los enclaves, que permiten el traspaso de las aguas”.
Para la experta, el segundo punto es que el archipiélago “tiene que ser una zona contigua, con base en el Derecho Internacional Público”. Y por último, considera que se deben justificar las razones de traspaso del espacio marítimo.
Precisamente, sobre este último tema, argumenta que se debe a cuestiones como “el narcotráfico o casos de persecución cuando se comete un delito”; la protección de la pesca artesanal, como derecho ancestral; sumado a la “defensa de la Reserva de Biosfera Seaflower”, la cual se encuentra protegida por la Unesco contra la pesca depredadora en la zona.
Con relación al impacto que pueda sufrir Colombia por esta demanda, la profesora anota que no habría perdida alguna para el país, ya que el archipiélago se considera un territorio colombiano desde antes del fallo de 2012. Además, señaló que, en estas audiencias preliminares, lo que “debe prevalecer es los derechos de los raizales, la pesca ancestral y el Seaflower”. Por el contrario, sostiene que Colombia puede ganar en términos de la conectividad del archipiélago.
Aunque Nicaragua puede seguir presentando demandas contra Colombia, Aya indica que estas acciones no obligarían a tomar cartas en el asunto, debido a que luego de que el país se retirara del Pacto de Bogotá en noviembre de 2012, “Nicaragua tuvo 364 días para presentar una demanda, la cual fue argumentada en el año siguiente”.
De esta forma, la académica puntualiza que, al ser un proceso ya finalizado por la Corte Internacional de Justicia, si Nicaragua quiere poner otra demanda deberá buscar otros mecanismos, que sean ajenos a la Corte de La Haya.
Con relación a cómo se lleva a cabo la demanda actual, la profesora precisa que “los países presentan la excepciones a la demanda, luego la Corte debe analizar estas excepciones y decide sobre cuales aspectos se va a fallar”.
Como parte del proceso, Aya señala que la defensa de Colombia debe redactar un documento con la exposición del caso y su defensa, para que la Corte llame a los denominados orales. De esta manera, los abogados argumentan el hecho ante ese tribunal, para que este pueda definir la sentencia final.
Respecto a la acusación contra Colombia por uso desproporcionado de la fuerza sobre el mar que no le pertenece, la docente comenta que “no hay evidencia que justifique la acusación” y únicamente quedaría pendiente analizar las violaciones a la soberanía de Nicaragua.
Finalmente, la profesora expone que, con base en lo estipulado, Colombia tiene derecho específico “al archipiélago; dos cayos del norte, denominados Quitasueño y Roncador; adicional de 12 millas alrededor de los cayos y el derecho limitado a la pesca y vigilancia”.
