Colombia firmó declaración condenando situación de DD.HH. en Nicaragua
Desde Ginebra, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se encuentra sesionando por estos días, Colombia junto con más de 40 países firmaron una declaración donde condenan la situación política y humanitaria en Nicaragua, y la persecución de los líderes políticos, organizaciones no gubernamentales y la Iglesia católica por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el continuo "deterioro" de la situación en Nicaragua, con "graves violaciones" de los derechos civiles y ataques contra la Iglesia y la libertad de prensa.
"En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose", dijo Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones de Campo y Cooperación Técnica.
"Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional", añadió.
En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado presentó un crítico informe contra el gobierno de Daniel Ortega, al que acusa de no cooperar y de incumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina.
La agencia denunció los ataques contra la Iglesia católica, como el reciente arresto del obispo de Matagalpa, el crítico Rolando Álvarez, o contra la libertad de expresión, como el cierre de radios católicas o la confiscación del inmueble del diario crítico La Prensa.
En una respuesta grabada, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, mostró su "rechazo total" a las consideraciones de la agencia de la ONU que, en su opinión, "se sigue prestando a una engañosa, infame y falsificada situación de los derechos humanos".
"No aceptamos esas recomendaciones por las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua", añadió. El responsable del Alto Comisionado se dijo especialmente preocupado "por la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica".
Entre estos presos figuran siete excandidatos presidenciales en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo no reconocido por numerosos países.
Salazar lamentó que se incumplieran las recomendaciones de "abstenerse de detener arbitrariamente a más personas que disienten con el gobierno y de liberar a todas las que estaban detenidas".
También criticó que el gobierno "no haya iniciado un diálogo nacional" que "es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos" iniciada en 2018.
Entonces, Ortega reprimió duramente unas importantes protestas de la oposición que pedía su dimisión. El exguerrillero aseguró que esas manifestaciones fueron un "fallido golpe de Estado" promovido con ayuda de Washington.
