Perú: derechos humanos en el ojo del huracán
Con trabajo de campo en Lima y Ayacucho concluyó la visita técnica de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documenta el impacto del estado de emergencia, el toque de queda y la respuesta militarizada a las protestas sociales posteriores a la destitución del presidente Pedro Castillo, por parte del Congreso, el pasado 7 de diciembre.
Las protestas han buscado, entre otros objetivos, anticipar las elecciones generales, cerrar el Congreso que destituyó al presidente Castillo, liberar al exmandatario, exigir la renuncia de la actual presidenta cuyo mandato debe terminar en 2026 y convocar una Asamblea Constituyente.
Consulta amplia
La presidenta Dina Boluarte recibió a Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva de la CIDH y a María Claudia Pulido, secretaria Adjunta de Monitoreo.
La Delegación acopió información con el Consejo de Ministros, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Elecciones; periodistas, líderes de movimientos y organizaciones sociales, indígenas y campesinos; las altas Cortes, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía; familiares de las personas que perdieron la vida o resultaron heridas en el contexto de las protestas y con defensores de derechos humanos.
#CIDHEnPeru Delegación de la visita técnica de #CIDH estuvo en Lima y Cusco; se reunió con organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional. pic.twitter.com/OmvvnrzAYl
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 22, 2022
En la agenda del pasado miércoles se destacó el encuentro con el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, posesionado ayer, tras haber ejercido el Ministerio de Defensa por diez días; con cuatro Ministerios (Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos) y con la Defensoría del Pueblo.
El jueves, a través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo reportó su acompañamiento al equipo técnico de la CIDH en la visita al penal de Barbadillo, donde está recluido el expresidente Pedro Castillo. “Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal”.
Acompañamos a equipo técnico de @CIDH en visita al penal de Barbadillo donde está recluido expresidente @PedroCastilloTe. Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal. pic.twitter.com/cY2uItFkkO
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 22, 2022
Te puede interesar: Perú: anticipar elecciones y reajustar el gabinete no resuelve la crisis
El trino de la Defensoría mostró una fotografía del equipo de la CIDH con sus chalecos institucionales, pero no el encuentro con Castillo. La CIDH no publicó ninguna información en su cuenta de Twitter, en la cual registró gráficamente cada una de las reuniones de trabajo.
Diálogo y apego a estándares sobre derechos humanos
La delegación viajó al Perú ante la escalada exponencial de violencia en las protestas, exhortando a todas las personas involucradas a buscar una solución de la crisis por medio de canales democráticos y con el “más alto apego a los derechos humanos”.
La indagación contribuirá a esclarecer, entre otros asuntos, los siguientes:
• Las muertes y lesiones en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
• Las afectaciones a la labor informativa de los medios y de los periodistas, mediante agresiones y amenazas.
• Las afectaciones a los servicios públicos.
• La interrupción del tránsito a ambulancias que transportaban personas enfermas o heridas; los atentados contra sedes gubernamentales.
• La incursión violenta en el aeropuerto de Ayacucho.
• Las consecuencias del anuncio de la presidenta Dina Boluarte en el sentido de que las muertes de los manifestantes serían investigadas por tribunales militares bajo el fuero militar y no por jueces penales de la jurisdicción ordinaria.
El balance de Human Rigths Watch (HRW)
El cierre de la visita técnica de la CIDH coincidió con un comunicado de HRW en el cual les pide a las autoridades peruanas “impulsar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras sobre al menos 21 muertes de manifestantes, sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y sobre actos de violencia cometidos por algunos manifestantes”.
“Se han registrado actos de violencia en el contexto de las protestas, que deben ser debidamente investigados, pero eso no justifica cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, el cual puede poner en riesgo la salud y la vida de las personas”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
El comunicado de HRW cita a la Defensoría del Pueblo para reseñar “veintiuna muertes, incluidos cuatro menores de edad” y al Ministerio de Salud según el cual “cinco de las víctimas murieron por impactos de armas de fuego, otra por hemorragia interna y otra por traumatismo craneal”.
Destaca HRW que para el Ministerio de Salud proyectiles de armas de fuego son la “probable” causa de otras doce muertes, pendientes de los resultados de las autopsias. Entre esas muertes se incluyen las de nueve personas en una zona de Ayacucho donde estaban desplegados militares armados con fusiles de asalto. Recuerda HRW que la versión de las Fuerzas Armadas admitió que una patrulla empleó la “fuerza” sin especificar qué modalidad de uso de la fuerza aplicó, en respuesta a lo que las autoridades describieron como el ataque de “una turba” con armas artesanales y otros objetos.
El comunicado de HRW acoge información de la Defensoría sobre 356 manifestantes y 290 policías heridos durante las manifestaciones, hasta el 18 de diciembre; y del Ministerio de Salud, la cifra de 38 personas que continuaban hospitalizadas hasta el 20 de diciembre, incluyendo a ocho en estado grave.
HRW también acopia la información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú según la cual “policías agredieron algunas personas durante su arresto o mientras se encontraban bajo su custodia; utilizaron indebidamente armas letales que causaron lesiones a manifestantes, demoraron el acceso de los abogados a las personas detenidas en dependencias policiales y retuvieron a algunos detenidos por un período mayor al permitido por Ley”.
Con base en la información de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, HRW registra 47 ataques contra periodistas y medios que cubrían las manifestaciones, 90 por ciento perpetrados por manifestantes y el 10 por ciento por la Policía.
El comunicado de HRW alude también a los manifestantes que bloquearon carreteras en todo el país por varios días. La Defensoría del Pueblo reportó seis muertes en accidentes viales y otros incidentes vinculados con los bloqueos. Un hospital infantil de Lima indicó que un niño había fallecido debido a que el bloqueo causado por una protesta no permitió que fuera transportado a un centro de salud, mientras que una ambulancia que llevaba a otros niños estuvo detenida por diez horas.
El derecho de protesta pacífica no incluye impedir el paso de ambulancias, insumos médicos y otros servicios de emergencia, subraya el comunicado de Human Rights Watch.
Lee aquí: Perú: violencia, estado de emergencia e incertidumbre política
El rol de las fuerzas militares en las protestas sociales
Un asunto crítico es lo que Amnistía Internacional consideró “impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis” y una evaluación del papel de las fuerzas militares en el control de las protestas sociales.
Según Amnistía, lo que procede es retirar a las Fuerzas Militares del control de las protestas mientras “no se pueda asegurar que quedarán sometidas al mando civil y que actuarán dentro de un marco de derechos humanos, sin hacer uso ilegítimo de la fuerza y de armas letales”.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha recordado que las Fuerzas Militares destinadas a mantener el orden público deben actuar con los mismos estándares de las fuerzas policiales, esto es, individualizar las respuestas hacia los responsables, según los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima y rendición de cuentas. En ningún caso puede reprimirse de manera indiscriminada a quienes ejercer su derecho a protestar y a manifestarse públicamente y de manera pacífica.
Marina Navarro, representante de Amnistía en Perú, ha afirmado que las autoridades dieron la espalda a la ciudadanía al intentar “resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo. La seguridad de la población no se puede garantizar vulnerando derechos humanos”.
En su comunicado de hoy, HRW recuerda que “durante una conferencia de prensa celebrada el 18 de diciembre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú señaló que “malos peruanos” habían atacado a militares. No brindó detalles sobre la muerte de 8 personas el 15 de diciembre —otra persona falleció el 17 de diciembre a causa de las heridas sufridas— ni sobre las heridas que sufrieron al menos 14 personas en zonas de Ayacucho en las cuales estaban desplegadas las fuerzas armadas, y no la policía”.
La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas
Desde las primeras horas de las protestas, la Defensoría del Pueblo del Perú demandó el “cese inmediato de hechos de violencia” y subrayó que “quienes cometen disturbios y se ponen al margen de la Ley deben responder ante la justicia”.
Al mismo tiempo, la Defensoría pidió a las Fuerzas Armadas y Policiales que actúen “conforme a la Constitución y la Ley”, advirtió que las autoridades políticas son responsables del “curso de acción” para superar la crisis y reiteró que el estado de Emergencia y el toque de queda son excepcionales y “no constituyen mecanismos idóneos para la solución del conflicto”.
Y no se anduvo con rodeos cuando expresó que el personal armado debe tener “la experiencia, entrenamientos y capacidades suficientes para participar en el control de las manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”.
En el mismo sentido se manifestó hoy Human Rights Watch. “La movilización de las fuerzas armadas para mantener el orden público resulta especialmente preocupante, ya que no tienen los equipos, la formación ni la misión para llevar a cabo esas tareas. Videos difundidos en medios locales y redes sociales —que fueron revisados y verificados por Human Rights Watch— muestran a militares que al parecer disparan fusiles de asalto en calles cercanas al aeropuerto de Ayacucho.
Campaña de desinformación contra la Defensoría
La Defensoría se ha visto obligada a rechazar “la campaña de desinformación” en su contra por “cumplir su mandato constitucional de protección de los derechos humanos”.
Mediante un comunicado afirmó que no ha formulado declaración alguna que atenta contra la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuyo trabajo considera “crucial para la democracia y la garantía de los derechos humanos”.
Lo que sí ha dicho –aclaró la Defensoría—es que en los sucesos del 15 de diciembre en Ayacucho “se habría hecho uso de la fuerza de manera desproporcionada” por lo que “corresponde al Ministerio Público proseguir con las investigaciones que ya ha iniciado, debiendo actuar con la máxima diligencia en el marco de sus competencias”.
Pero también reiteró que la oficina de la Defensoría en Ayacucho ha condenado enérgicamente el uso de la violencia por parte de algunas personas que han participado de las acciones de protesta con la quema o toma de locales o el atentado contra la propiedad pública o privada, que no forman parte del ejercicio legítimo de ese derecho y sí constituyen delitos que deben ser investigados.
