Presidente de Ecuador enfrentará juicio político por corrupción
El opositor Congreso de Ecuador resolvió someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.
Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.
Veintitrés diputados se opusieron y cinco se abstuvieron de sufragar sobre el juicio que aún no tiene fecha de inicio.
Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de "fuera Lasso" en el pleno del unicameral Parlamento (con 137 curules).
La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.
El mandatario es señalado de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.
Lee también:
- Ecuador da un giro con Guillermo Lasso en medio de una "triple crisis"
- Presidente de Ecuador llegará este jueves a Colombia para cumplir gabinete binacional
Muerte cruzada
El correísmo es la principal fuerza en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el oficialista partido Creando Oportunidades (CREO) cuenta con una docena.
Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su "obligación poner la cara ante el pueblo".
Sin embargo, también ha advertido que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros tres años de gestión, para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el período de cuatro años, lo que se denomina 'muerte cruzada'.
