Con el objetivo de abordar la problemática del desplazamiento forzado y superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), la Corte Constitucional ha emitido el Auto 827 del año 2023, convocando a una audiencia pública programada para el día de hoy, viernes 18 de agosto.
Bajo la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, se llevará a cabo esta audiencia en la cual se evaluará el cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004. Dicha sentencia ha evidenciado "una vulneración masiva de derechos sufrida por la población afectada, como resultado del conflicto armado, la violencia generalizada y las deficiencias estructurales en la respuesta institucional". Como resultado de ello, se emitió la orden al Gobierno Nacional de ajustar la política pública para la atención de esta población.
En esta ocasión, la audiencia tiene como objetivo principal examinar la situación de violencia, explotación sexual y otras formas de violencia basadas en el género que enfrentan niñas y mujeres indígenas pertenecientes a las comunidades mencionadas. Este enfoque surge en respuesta a una solicitud presentada por la Defensoría del Pueblo y el Líder Mayor del Resguardo Indígena Jiw de Barrocón (Guaviare).
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Según lo informado por el Alto Tribunal, se realizará un análisis exhaustivo del goce efectivo de los derechos de las comunidades étnicas Jiw y Nükak, quienes han sido víctimas de desplazamiento. Asimismo, se evaluará la capacidad de respuesta institucional para abordar las deficiencias estructurales previamente identificadas por esta Sala Especial, deficiencias que afectan a los pueblos indígenas mencionados.
"La Sala considerará las dificultades y obstáculos que continúan presentes en la protección de los pueblos Jiw y Nükak, y adoptará las medidas que estime oportunas para superar dichas dificultades, siempre respetando la autonomía, cultura y cosmovisión de estos pueblos", destaca el auto emitido por la Corte.
En el marco de esta diligencia, la Corte Constitucional ha convocado a representantes de las comunidades Jiw y Nükak, además de citar a los ministros del Interior y Salud, la ministra de Vivienda, la directora de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Víctimas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, el director de la Agencia Nacional de Tierras y la directora del Departamento de la Prosperidad Social, entre otros.