Curules de paz: Corte Constitucional tendrá la última palabra
Las 16 curules de paz, creadas en el acuerdo de paz por dos periodos legislativos en la Cámara de Representantes para aumentar la participación de las víctimas en las zonas más afectadas por el conflicto, están a un paso de hacerse realidad en la próxima legislatura, luego de que el Senado de la República reconoció la legalidad del acto legislativo que las creó en 2017.
Con la decisión del Senado, tomada en cumplimiento de dos fallos, uno de la Corte Constitucional y otro del Consejo de Estado, el presidente de la República deberá ahora promulgar el acto legislativo que las creó y la Corte Constitucional deberá hacer su revisión de constitucionalidad para que la reforma pueda hacerse finalmente efectiva.
El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, indicó que el Gobierno reconoce que el fallo de la Corte Constitucional es claro en que las curules de paz deben operar para los periodos constitucionales de la Cámara de Representantes de 2022 y 2026.
“El Gobierno ya está preparado para, dentro de los 30 días hábiles siguientes, expedir la reglamentación que se necesita. Celebramos que todos, el judicial, el legislativo, el ejecutivo y los órganos de control estemos consagrados a cumplirle a nuestras víctimas”, manifestó Archila.
Luego de que se lleve a cabo el estudio de constitucionalidad, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, determinarán la mecánica de este proceso electoral.
Las curules de paz no coinciden con las mismas circunscripciones de los departamentos, sino que corresponden a áreas específicas determinadas por el acuerdo de paz por haber sido afectadas por la violencia y tener una escasa representación política, entre otras características.
Los partidos políticos, incluido el de los Comunes, no podrán postular candidatos. Solo podrán hacerlo asociaciones de víctimas de la violencia. Tampoco podrán aspirar candidatos que en el pasado hayan sido elegidos o inscritos para otras elecciones en listas por los partidos políticos, al menos cinco años antes. Los aspirantes de las curules de paz deben además certificar que son víctimas de la violencia y deben estar viviendo al menos desde hace tres años en algunas zonas afectadas por la violencia.
El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, confió en que el pronunciamiento de la Corte Constitucional se alcance a dar prontamente para que puedan ser elegidas en los comicios de marzo de 2022 cuando se escogerán al Senado y la Cámara. Las elecciones de las curules de paz se harán con tarjetones independientes.
"Esto es el cumplimiento de dos fallos que no tienen el mismo contenido pero que buscan dar a las víctimas ese derecho de verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición, y es la forma de equilibrar la mesa. En este Congreso se encuentran los miembros de las Farc ya no como grupo armado, sino como partidos político y faltaba el asiento de las víctimas", sostuvo Gómez.
Reiteró que "los miembros de partidos tradicionales no podrán acceder a estas curules y es uno de los elementos que planteamos hoy, es que este acto legislativo sale a control automático de la Corte Constitucional por tratarse de un procedimiento del fast track, como se llamó en su momento. Solo pueden inscribir organizaciones de víctimas y cuando coincidan con resguardos indígenas estos también podrán inscribir guardando las normas de equidad de género e igualdad".
Los congresistas que lleguen para esas curules tendrán oficinas tanto en el Salón Elíptico como en las comisiones constitucionales y legales, lo que obligará a que salones sean reacondicionados. Sumado a esto la Cámara modernizará el sistema tecnológico con el que opera la corporación y la forma con la que se hace la relatoría de las sesiones.
El gobierno desembolsó ya a la Cámara de Representantes la suma de $50.000 millones para crear las curules de paz, presupuesto que estaba avalado desde el 2017 por Planeación Nacional.
Desde la Dirección Administrativa de la Cámara se ha informado que la asignación del contrato se hará en una convocatoria con empresas del sector público, proceso que desde hace más de una semana tiene un acompañamiento de la Contraloría General de la Nación.
En julio de 2022 además a los 16 representantes se les deberá asignar camionetas, esquemas de seguridad, tiquetes aéreos y y su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Los candidatos también deberán tener acceso a financiación estatal, con un 50% de anticipo, acceso a los medios de comunicación y los mismos derechos de cualquier candidato.
