Ante la JEP, defensa del exsecretariado de las Farc demostró su compromiso con las víctimas
En el segundo día de la audiencia de observaciones de las víctimas y comparecientes, magistrados y ponderados de siete exintegrantes del secretariado de las extintas Farc-ep, por el caso 01 de secuestro, analizaron la resolución de conclusiones dentro del juicio que inició el Tribunal Especial para la Paz por hechos que registran, a la fecha, más de 21.000 víctimas.
Sigue aquí la transmisión de la audiencia:
En la primera intervención, Camilo Ernesto Fagua, abogado y coordinador de la defensa de esta población, destacó que más de 323 comparecientes y firmantes de paz han aportado a la verdad dentro de este caso. A su vez, 200 han aportado datos claves a la Comisión de Esclarecimiento, lo que ha servido en 526 casos.
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“En el bloque Oriental, 31 personas han contribuido a la participación al esclarecimiento de la verdad, así como el del Magdalena Medio, con 46; el Comando Conjunto Central, con 36; el Noroccidental, con 67; el Alfonso Cano, con 55; el Caribe, con 40 y el Sur, con 48”, así lo explicó Fagua, quien además aseguró que el compromiso de seguir apoyando estos procesos sigue firme por parte de integrantes de los extintos grupos armados.
Uno de los temas de la audiencia del pasado 4 de julio, fue el reclamo de las víctimas frente a los recursos que aportan los firmantes de paz, problemática que desmintió el abogado Fagua en la audiencia:
“Las antiguas Farc-ep dispuso el total de su economía de guerra para implementar el acuerdo final de paz y garantizar la indemnización de las víctimas, testigo de este compromiso, ha sido la Unidad para las Víctimas, que pese a la falta de apoyo de anteriores gobiernos, confirmó que este dinero, hasta el día de hoy, ha permitido la indemnización de al menos 2.300 víctimas de manera individual y de 25 sujetos colectivos”, sentenció el abogado.
El llamado a la JEP
En defensa de los comparecientes, los ponderados hicieron un llamado a la JEP para hacerle llegar la información a todas las víctimas acreditadas para informar realmente sobre los aportes de esta población y su compromiso con la paz.
“Esto genera una incomprensión de lo que realmente se ha aportado en los casos y además genera estigmatización en los firmantes de paz”, aseguraba Ana María Toncel, representante de los comparecientes.
Toncel añadió que hace falta también por parte de la Jurisdicción, claridad sobre los niveles de instrucción y el ejercicio de instrucción territorial, además de aclarar la real responsabilidad del último secretariado en estos casos.
“La falta de fuentes humanas vivas, y malas condiciones de salud han dificultado avanzar en el aporte de verdad que nos gustaría entregar”, agregó la ponderada frente a las razones por las cuales no se han realizado mejores aportes a la verdad.
Proyecto de sanción y reparación
“Lo que proponemos para la reparación integral de las víctimas por los daños causados está compuesta por tres proyectos: la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la acción integral contra minas, así como la restauración y reparación ambiental”, recalcó Felipe León, abogado de los firmantes de paz.
Por su parte, el abogado Álvaro Benítez, puso en discordancia que muchas veces no se aceptan declaraciones que vayan en contra de otras entidades que investigaron estos casos.
“No aceptamos cuando las versiones de los comparecientes cuando entran en contradicción con los informes de la Fiscalía pierdan su valor probatorio”.
Cabe aclarar que en cada intervención, cada vocero exclamó el respeto que tienen los firmantes y comparecientes con todas las víctimas y sus reclamos que fueron escuchados con atención.
Al finalizar la audiencia dirigida por el magistrado Camilo Suárez, concluyó que el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en la función de escuchar a todos los actores, en este caso 01 por secuestro, quienes tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Entre tanto, los magistrados tomaron los apuntes necesarios, para en próximos meses a tomar una decisión.
