En el marco del caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como agentes de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declaración jurada al excomisionado Sergio Jaramillo, en su calidad de exviceministro de Asuntos Políticos del gobierno Santos.
La decisión judicial se tomó con la finalidad de que, mediante declaración jurada entreguen información sobre alguna responsabilidad respecto de las conductas asociadas con muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
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“Se ha identificado la necesidad de esclarecer la manera como se tramitaron al interior del Gobierno Nacional las denuncias por violaciones a los derechos humanos presentados contra integrantes de la fuerza pública entre los años 2005 y 2008, en particular aquellas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate”, expresa el auto de la JEP.
Entre las citaciones, están varios exfuncionarios del Ministerio de Defensa y de la Vicepresidencia de la República entre los años 2005 y 2008, como el viceministro Andrés Mauricio Peñate, la asesora Eduth Claudia Hernández, el brigadier General Juan Carlos Gómez, el viceministro Andrés Mauricio Peñate.
Igualmente, están la asesora del Mindefensa Elena Ambrosi, el director de programas de la vicepresidencia, Carlos Franco y el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia en el año 2009, Christian Salazar Volkmann.
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La Jurisdicción anunció que las diligencia quedaron para noviembre de este año y enero del 2024. Sin embargo, antes de realizar las diligencias de declaración jurada, la magistratura convocará a la representación de las víctimas y al Ministerio Público a una mesa de trabajo dialógica con el objetivo de dar claridad sobre los términos en los que la Sala garantizará el derecho de participación efectiva de las víctimas en la fase nacional del Caso 03.
Basados en el auto OPV 305, la JEP advirtió que no descarta llamar a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno Nacional que puedan aportar información sobre los “falsos positivos”.