¿Dónde está la plata para proteger a los menores del reclutamiento?

En los presupuestos de inversión de las administraciones locales de la región del Catatumbo, no están bien destinados los recursos para la protección de los niños, niñas y adolescentes de una de las regiones más convulsas de Colombia. Las secretarías y otras dependencias locales no tienen dinero para ejecutar planes dirigidos a mejorar la calidad de vida de este grupo de la población.

En cambio, la tarea la asumen organizaciones de carácter privado, sin ánimo de lucro y con apoyo internacional. 
Mediante derechos de petición, se preguntó a varios municipios de la región del Catatumbo, en el Norte de Santander, sobre inversiones en programas y planes dirigidos a la protección contra el reclutamiento por grupos armados y las respuestas son poco alentadoras, a pesar de la alta presencia de organizaciones ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc (tanto Nueva Marquetalia como Estado Mayor Central) y algunos vestigios de lo que fue el Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocidos como Los Pelusos.

Los municipios manifiestan que hay actividades y programas dirigidos a evitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados. Sin embargo, sus respuestas contrastan con las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

En el Carmen se negaron a suministrar cifras de niños reclutados, por considerarla información confidencial. Al tiempo, hay un contrato por 32 millones de pesos para servicios profesionales de asesorías jurídicas y la realización de una campaña educativa para la prevención y erradicación del reclutamiento forzado y la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. 

En San Calixto solo reportan un caso de amenaza de reclutamiento. Allí se documenta una inversión por diez millones de pesos contratados con la Fundación Ángel Sonrisa en los Corazones cuyo objeto es: “Medidas implementadas en DDHH-DIH [Derechos humanos - Derecho Internacional Humanitario) prevención del reclutamiento y utilización de NNA [Niños, niñas y adolescentes] en el marco del conflicto y apoyo integral a personas sobrevivientes de minas antipersonal en el municipio de San Calixto, Norte de Santander”.

Tibú, otro de los municipios de la región, reconoció no contar con bases de datos sobre reclutamiento de NNA. La respuesta a la solicitud de información recalca que la inversión se refleja en la contratación de personal para el Equipo de Acción Inmediata para la Prevención de Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.

La respuesta al derecho de petición enviado a la administración municipal de La Playa de Belén consigna “Cero NNA Reclutados” en los últimos dos años. No obstante, en desarrollo de esta investigación se conocieron testimonios de habitantes y jóvenes víctimas en zonas como el corregimiento de La Vega de San Antonio.

Al cierre de esta publicación, las alcaldías de Teorama, Convención, Hacarí, El Tarra y Sardinata no entregaron reporte de casos de reclutamiento forzado ni de inversión realizada para hacer frente al fenómeno. 

En los casos en que hay inversión, los recursos destinados a prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes son escasos, además son distribuidos en diferentes actividades culturales, recreativas y algunas relacionadas con la prevención del problema. 

Organizaciones civiles suplen la ausencia del Estado 

A pesar del panorama que se describe desde la orilla de las administraciones municipales, son varias las iniciativas dirigidas a la protección y bienestar de los N.N.A. que se mueven en la región. Sus actividades incluyen charlas de autoprotección dirigidas a los estudiantes, entrega de kits escolares, dotaciones a instituciones educativas, mejoramiento de infraestructura de colegios y escuelas, dotación de equipos, jornadas pedagógicas sobre prevención de embarazo en adolescentes, además de pronunciamientos y alertas para llamar la atención ante los riesgos, además de estudios e informes en terreno sobre la situación en que vive la población en riesgo.  Sin embargo, estas acciones no son obra de los gobiernos, que parecen haber dejado la tarea a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a las propias comunidades. 

Entre estas se destaca la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo, que desde el año 2018 asume, entre otras, la protección de las niñas afectadas por reclutamiento forzado, maltrato y diversas formas de explotación, según lo ha expresado la Red en diversos escenarios como foros, talleres y encuentros personales con familias de la región.  

Las estrategias de la Red van dirigidas a la familia, mediante actividades pedagógicas que enfatizan en las acciones de protección que deben asumir los núcleos familiares. También se promueven proyectos productivos para generación de ingresos, mediante alianzas estratégicas con el Sena y la Universidad Francisco de Paula Santander, para capacitaciones sobre administración de microempresas y formación en liderazgo social. 

Los escenarios que emplea la organización de mujeres para hacer pedagogía son aquellos donde los niños y niñas realizan sus actividades diarias: las instituciones y centros educativos rurales y urbanos, donde también se han detectado los riesgos de reclutamiento forzado, explotación e incitación al consumo de sustancias ilegales. 

Las autoridades y organizaciones como la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo y la Fundación Save The Children, coinciden en que durante el periodo de pandemia (2020-2022), los jóvenes entre 14 y 25 años quedaron fuera del alcance de los cuidados de los docentes y profesionales de las entidades que se enfocan en su protección. Así lo ilustra Laura Durán, secretaria de Desarrollo rural y Educación del Municipio de Convención: “La pandemia generó un distanciamiento entre los niños y la Secretaría. No se pudieron adelantar acciones que los mantuvieran bajo la cobertura [como] cuando la educación es presencial”, explicó.

Además, la permanencia en zonas de cultivos de uso ilícito aumenta el riesgo de los jóvenes, cuyos padres son estigmatizados. 

Estas circunstancias fueron aprovechadas por los actores armados y criminales para iniciar campañas de seducción que terminan en reclutamiento, según advirtió la Red.  

Esta situación condujo a la articulación de esfuerzos, como los que coordinaron las  entidades e instituciones que integran el Comité Intersectorial de Prevención del Reclutamiento Forzado -CIPRUNA-, para evadir las situaciones de riesgo: charlas dirigidas a la protección ante las diversas formas de violencia y explotación, escuelas de padres en las que, junto con las instituciones educativas, se convoca a las familias a  tratar temas de convivencia y estabilidad económica, entre otras acciones. 

Según la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo, unas de las herramientas más utilizadas para que los jóvenes ingresen a los grupos armados ilegales son las redes sociales. A pesar de las dificultades de conectividad que hay en la región, los muchachos cuentan con equipos móviles, lo que facilita el acceso a contenidos que les resultan llamativos. 

Medidas protectoras que no reciben ayuda 

Las edades entre los 10 y 18 años son las que más interesan a los actores armados, de acuerdo con las estadísticas de las entidades oficiales solo para la región del Catatumbo y en el lapso de los últimos 18 meses.

En ese mismo rango de edad está un grupo de niñas del municipio de El Tarra, que encuentran protección en la Casa Juvenil Sor Amanda Bedoya. Esta es otra evidencia de que son otras entidades, diferentes a los organismos del Estado, los que se dan a la tarea de proteger a las chicas y chicos de la región. 

El establecimiento actualmente alberga 22 niñas de al menos cinco veredas de El Tarra a quienes se les brinda desayuno, cena, y otras comodidades por una cuota de cien mil pesos mensuales, aportados por sus padres. Son muchos los casos en que, al no poder aportar el dinero, las familias hacen aportes en especie y envían verduras, yuca, plátano y frutas que se cultivan en la región.

La Casa no solo las aleja del riesgo de reclutamiento, también les facilita el acceso a la educación en la Institución Educativa Monseñor Díaz Plata, con sede principal en el casco urbano de El Tarra. 

A la Casa Juvenil no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Así lo considera la coordinadora Ibed Margarita Plata Navarro, quien asegura que no le llegan apoyos estatales, ni cuentan con una extensa lista de benefactores. 

En este mismo municipio, otros jóvenes desarrollan iniciativas para mantenerse ocupados y, en colectivo, protegerse. La radio comunitaria les ha dado espacios en los que hablan de valores orientados a la construcción de paz, al tiempo, en la programadora comunitaria El Tarra Tv, manejada solo por jóvenes, despliegan una programación cultural y social dirigida a toda la comunidad. Estos espacios son entornos protectores creados por los niños y niñas. 

Municipios no invierten en protección 

Los municipios de la subregión del Catatumbo es poco lo que invierten en programas dirigidos a la protección de los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento forzado; no hacen referencia a actividades como conferencias en las que se les dé a conocer sus derechos y deberes, tratamiento y uso de redes sociales, actividades de sensibilización sobre aspectos como la drogadicción o concepto de ilegalidad. La inversión estatal frente al problema no solo es poca, sino que parece no tener el foco adecuado. En el Carmen, por ejemplo, las actividades se orientaron a celebrar en abril, el mes de los niños. 

Según la dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Norte de Santander, son 13 los menores reclutados del Catatumbo desde enero de 2022 a agosto de 2023. 

Las cifras de las entidades oficiales consultadas no son concluyentes, lo que indica que las denuncias o quejas de los padres de familia son pocas. Sin embargo, ante lo importante que es la protección de niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento forzado, las autoridades municipales manifiestan que han adelantado acciones cuyos recursos se distribuyen en programas culturales, recreativos y deportivos.  

Puedes leer: Internados estudiantiles como centro de paz en Mesetas y Uribe, Meta

Existen varios factores que resultan determinantes, uno es la falta de transporte escolar que garantice que puedan llegar a clase los niños que viven en veredas apartadas de los centros educativos, un problema que genera deserción escolar y que hace que los estudiantes se expongan al salir a la carretera de ingreso al Catatumbo a esperar un carro cualquiera que los lleve. Esta situación se explica en un video realizado por una persona que diariamente transita el tramo Ocaña-Convención. 

Las mujeres jóvenes del Catatumbo en riesgo de reclutamiento

Un procedimiento para corregir la dentadura (ortodoncia) ofrecida por los grupos armados ilegales, hace parte del paquete de promesas que mediante redes sociales se les hace a niños, niñas y adolescentes del Catatumbo, como forma de seducirlos para que hagan parte de sus filas, según revela la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo. 

La seducción y el enamoramiento conforman el catálogo que todos los actores armados emplean para encantar a los jóvenes con ofrecimiento de trabajos inexistentes, reconocimiento económico, acceso fácil a portar armas, tener motocicletas están en la lista de promesas con que se busca enganchar a los jóvenes que no tienen un plan de vida o un futuro diferente al del conflicto, explica Alba Luz Trigos, coordinadora de la Red. 

Según Trigos, desde 2018 la intención es generar estrategias de entornos protectores en Instituciones Educativas y Centros Educativos Rurales, pues las mismas comunidades han detectado que la mejor estrategia es la educación para prevenir el reclutamiento: “En un territorio como el Catatumbo, la mejor forma de proteger sus vidas para no ser reclutados ni instrumentalizados por bandas criminales, actores del conflicto y las demás ilegalidades, tiene que ver con que los menores accedan a la educación”, advierte Trigos. 

Cuando culminó el aislamiento preventivo por covid-19, a partir de septiembre de 2020, se fortaleció un proceso con la institucionalidad y alianzas estratégicas para replicar la ruta de ayuda de promoción y prevención de derechos. Junto con la Procuraduría General de la Nación y la ONG Consejo Noruego, se adelantó la estrategia Red de Promoción y Protección para los N.N.A. para protección del reclutamiento. De otra parte, con GIZ Propaz se dictan charlas sobre las rutas de atención en caso de una agresión de género. Actualmente la Red de Mujeres del Catatumbo trabaja con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- acompañando a las Mujeres Buscadoras en Norte de Santander en todas las gestiones ante organismos del Estado para dar con el paradero de sus seres queridos, desaparecidos durante el conflicto armado. 

Alba Luz Trigos cuenta que un seguimiento a casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en varios municipios dejó en evidencia el aumento de casos, debido a la falta de efectividad en la implementación del acuerdo de paz de 2016, tal y como lo esperaban las comunidades. 

La Red de Mujeres Comunitarias ha solicitado a los actores armados que respeten la vida de los jóvenes en el Catatumbo, y han logrado que algunos sean devueltos a sus familias a seguir el curso de sus vidas. 

Datos de esta organización comunitaria reflejan una proporción de 50/50 entre varones y mujeres que son víctimas de reclutamiento, por lo cual sus voceras consideran que la instrumentalización no discrimina. Agregan que las adolescentes por fuera del sistema escolar están en riesgo mayor.  

La casa protectora de jóvenes que no recibe ayuda 

La Casa Juvenil del municipio de El Tarra atiende actualmente a 22 niñas entre los 11 y 18 años. La condición para estar allí es ser residente de una vereda. Como en El Tarra los arriendos son costosos y los padres de las jóvenes que viven apartadas del casco urbano no tienen cómo solventar los gastos de transporte y vivienda de sus hijas, la Casa Juvenil busca facilitarles la vida con un techo de lunes a viernes, cuando hay que ir al colegio. 

Para Ibet Margarita Plata Navarro, coordinadora de la Casa Juvenil, la situación económica por la que atraviesa la región dificulta el sostenimiento de la obra.  Plata va más allá y considera que la Casa Juvenil no se ha tratado como lo que realmente es: “Un lugar donde las niñas están protegidas ante las vulnerabilidades que se presentan en el Catatumbo”. También agrega que: “Permaneciendo en sus veredas [las niñas] de pronto pueden ser inducidas [por actores armados]. Entonces, el que tengan un lugar cerca donde estudiar siempre les cambia la mentalidad y ayuda a que piensen cosas diferentes a las que les puedan ofrecer en la zona de conflicto”. 

La Casa Juvenil no recibe aporte económico diferente al que viene del esfuerzo de los padres de las niñas. Entre 2020 y 2023, la Alcaldía de El Tarra, solamente una vez aportó un mercado que Plata calcula en 2 millones de pesos. La coordinadora que: “De haber apoyo, se podrían recibir más niñas procedentes del sector rural”.

Asegura que las que no pueden acceder a un cupo, están desprotegidas no solo por el impacto del conflicto, sino por otras cuestiones sociales como el embarazo temprano que las obliga a quedarse en la casa, donde persiste el riesgo de resultar en los grupos armados. Plata Navarro asegura que: “En la Casa Juvenil se sienten protegidas y pueden soñar”. 

Como balance positivo destaca un grupo de seis niñas que terminaron su bachillerato, cuatro lograron ingresar a la universidad y las otras dos comenzaron a adelantar estudios técnicos. Para Ibet Margarita Plata, es paradójico que un lugar que mantiene a las niñas alejadas de los peligros del conflicto, no tenga el apoyo del Estado. 

Los jóvenes le hacen el quite a la guerra 

Yurit Cecilia Contreras Contreras tiene 18 años de edad, se siente orgullosa de ser del campo y de nacer en la vereda Santa Cruz, donde cursó en la escuela hasta segundo de primaria. Luego, por inconvenientes con los vecinos, ella y su familia se trasladaron a la vereda Tarra Sur, donde terminó el quinto grado de primaria.

Recuerda que la experiencia fue maravillosa. Luego, inició la etapa de bachillerato con temores, pero pronto se adaptó a la dinámica educativa del centro poblado: “Estudiar tiene un gran valor e importancia en la vida ya que nos ayuda a ser mejores personas”.  

Desde que inició la secundaria, Yurit ha permanecido en la Casa Juvenil de El Tarra, donde continúa a pesar de que ya se graduó y en el segundo semestre de 2023 inició estudios de Comunicación Social en la UNAD.

Considera que su historia es positiva, pero conoce casos de niños y niñas con los que compartió en la infancia y cuyo destino no fue el mejor. Considera que los jóvenes de El Tarra no tienen oportunidades para salir adelante y pone como ejemplo a sus dos hermanos menores, quienes terminaron la primaria y no siguieron estudiando. 

Yurit Cecilia dice que conoce amigos que prefirieron estar con grupos al margen de la ley, lo que no considera bueno pues explica que: “Hay otras alternativas y expectativas implementando estrategias para poder hacer cosas mejores y muchos de ellos han tenido fracasos por que, una vez están allá, se dan cuenta de la realidad e incluso pueden llegar a la muerte”. Yurit quiere servir a los jóvenes para que estén alejados de los peligros propios de la región. 

Keidy Vanessa Durán Navarro cumplió 18 años, comenzó su educación primaria en zona rural de San Calixto, en la vereda El Helecho y luego, junto a su familia, se fue a vivir a Mediagüita, donde cursó el quinto grado de primaria. Luego, en busca de acceso a un colegio, se fue a vivir a la vereda Santa Clara de El Tarra. Sin embargo, el trayecto entre su lugar de vivienda y el colegio en el casco urbano es largo: “Yo me quedo en la Casa Juvenil porque donde vivo me queda a dos horas y media, no tengo facilidad de irme los viernes y regresar el domingo”. Su proyección: terminar el grado once y seguir una carrera universitaria. 

“De la mano de Dios”, es como Keidy Vanessa explica que no resultó en las filas de grupos armados. Recuerda que, siendo muy niña, “en la vereda había muchos enfrentamientos y a mi papá, por ser presidente de Asojuntas, lo querían involucrar en un falso positivo, entonces nos tocó irnos”. 

Estas circunstancias las viven todos los niños, dice Keidy Vanessa y explica que se siente miedo pasar por donde los grupos ilegales tenían sus campamentos. Vive agradecida por los talleres de motivación y control de emociones que les dicta el padre Trinidad Rodríguez, párroco de El Tarra, pero dice que últimamente han dejado a los jóvenes en el abandono: “La falta de oportunidades hace que los muchachos tomen malas decisiones”, concluye.  

Tanto la coordinadora de la Casa Juvenil de El Tarra como de la Red de Mujeres del Catatumbo coinciden en que las administraciones municipales no desarrollan acciones sociales constructoras de paz. Según Alba Luz Trigos, todavía se piensa en generar desarrollo mediante la construcción de vías, puentes, acueductos electrificación rural, agua potable y necesidades insatisfechas, que van en vía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- pero definitivamente no hay una inversión clara, detallada y efectiva para construir una política pública que maneje el componente social, el componente de prevención y de promoción”. 

Por su parte, Ibet Plata considera que los alcaldes no invierten recursos en aspectos relacionados con la protección de los menores de edad. 

Alba Luz Trigos destaca una particularidad: los hijos de los líderes sociales son especialmente vulnerables en la intención de los grupos ilegales de resquebrajar “su liderazgo y su trabajo comunitario, son sus hijos quienes pagan las consecuencias”.

Los jóvenes impulsan iniciativas de prevención de reclutamiento  

Diego Andrés Guerrero Bacca es un joven de 20 años oriundo del municipio de El Tarra. En esta localidad, en pleno corazón del Catatumbo, se ha dedicado a la protección de los jóvenes a través de iniciativas audiovisuales. Por un lado, es fundador de El Tarra Tv, proyecto audiovisual conformado solamente por jóvenes de la región. Y por el otro, en la emisora comunitaria Asunción Estéreo maneja el programa infantil Los Niños Tienen la Palabra. Tanto el medio radial como el televisivo fueron creados por iniciativa de la parroquia de El Tarra en cabeza del presbítero Rodríguez.  

“Hacer parte de estos procesos ha sido satisfactorio pues son espacios para que los niños, niñas y adolescentes se alejen de las dinámicas violentas y perjudiciales que se mueven en el territorio. Muchos buscan es diversión en los billares, manejando moto, entre otras cosas que los afectan”, dice Diego Andrés, quien considera que su labor “genera entorno protector y seguro para ellos, y les ha gustado el hecho que puedan expresarse, ser libres y hablar de temas que a ellos les gusta”. 

Para los jóvenes y niños que participan en los espacios radiales y televisivos, esta actividad es una forma de sentirse importantes dentro de su comunidad y de darse cuenta de que, a pesar de su corta edad, pueden hacer cosas buenas por su territorio.  

Sin embargo, ante lo importante que es la protección para los menores, las autoridades municipales no brindan ningún tipo de acompañamiento ni aportan económicamente para impulsar este tipo de actividades.

Los temas que tratan tienen que ver con valores orientados a la construcción de paz, la promueven y saben que ese es el camino correcto: “El acompañamiento que recibimos es el de la Iglesia, que brinda el espacio. De resto, todo es iniciativa de los niños y niñas que tienen aspiraciones altas a futuro, lejos del conflicto”, dice Diego Andrés Guerrero. 

Organizaciones de cooperación asumen el papel de protección 

Una de las organizaciones que más ha hecho presencia en la zona del Catatumbo en los últimos seis años es Save The Children, con el desarrollo de programas de educación y protección, enfocados en la búsqueda de una realización plena de los niños, niñas y adolescentes que viven en los distintos municipios de la región. 

María Paula Martínez, directora nacional de Save The Children, asegura que es preocupante que la declaratoria de cese al fuego entre el Estado y el ELN se haya hecho bajo el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, que regula el uso de la fuerza en los conflictos armados del mundo: “El que solamente se haya dejado esa norma amparando el cese al fuego significa que se está dejando la posibilidad de que se recluten y usen niños mayores de 15 años en el marco de las hostilidades”. 

Según Martínez, van a impulsar que en las rendiciones de cuentas de las administraciones locales haya una valoración de los mecanismos, medidas y cuánto han hecho para proteger los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, la ONG está en disposición de hacer más para apoyar esfuerzos que propendan por la seguridad de los menores de edad: “Los niños no pueden escoger la guerra como un proyecto de vida para ellos y sus familias”, señala la directora. 

Martínez analiza que, en términos de recursos, la plata no solamente debe ser presupuestada por las alcaldías, sino gastada en programas en los que los niños puedan desarrollar habilidades artísticas, deportivas y académicas. La inversión en temas de salud y educación, recreación se reducen a través del tiempo, por lo que las veedurías comunales cumplen un papel importante para que no se gasten recursos de manera indebida. 

Martínez considera que: “Apoyar a un colegio que tenga mejor calidad de educación, generar entornos culturales y medioambientales, hace parte de las acciones, entendiendo que el entorno de seguridad también se da en la casa, por lo que los padres de familia también generan ideas para que se proteja a los niños”.  

Los jóvenes prefieren la educación a la guerra 

El corregimiento La Vega de San Antonio, del municipio de La Playa de Belén, es un centro poblado distante a unas cuatro horas en vehículo desde Ocaña, una localidad de 120 mil habitantes y gran movimiento comercial, considerada la segunda ciudad en importancia en Norte de Santander. El pueblo tuvo renombre hasta hace poco menos de diez años, cuando por la zona andaba el cabecilla del Ejército Popular de Liberación Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”, quien hizo de La Vega de San Antonio uno de sus fortines. Llegar allí era algo imposible pues se requerían recomendaciones de presidentes de Junta de Acción Comunal y el aval de la misma organización ilegal. 

Allí, los niños, niñas y adolescentes vivían en condiciones de vulnerabilidad frente al reclutamiento forzado. Muchachos del corregimiento llegaron a tener dentro de su proyecto de vida el hacer parte de los grupos ilegales y tener mando en estos. Hoy en día, el panorama es diferente, gracias a los mecanismos que ellos y los docentes aplican para protegerse. Sin embargo, quedan las experiencias de un panorama azaroso para los menores de edad.

En La Vega de San Antonio está ubicada la Institución Educativa Benjamín Quintero Álvarez, que este 2023 graduará a sus primeros bachilleres. Hasta 2022 era un centro educativo rural que solo ofrecía educación hasta noveno grado, por lo que quienes llegaban a este curso tenían que irse a buscar la forma de terminar estudios en corregimientos como Aspasica o en el centro poblado de La Playa de Belén. Quienes no podían hacerlo, quedaban a la deriva, obligados a trabajar en fincas y en un contexto hostil. 

Leonard Lobo Parra es docente y llegó a la zona en 2018, cuando se dio cuenta de las situaciones tan diferentes que viven alumnos de otros colegios. El profesor Lobo recuerda que aún estaba fresco el recuerdo de la muerte de alias Megateo (2 de octubre de 2015) y las implicaciones que trajo este hecho para la región: “Muchos aspectos de la vida cotidiana giraban en torno a esa persona. Los muchachos no le hablaban a uno de Falcao o James (Rodríguez). Ellos hablaban de los mandos de los grupos armados y de las “proezas” que habían hecho”.

Lobo hace memoria de una historia que le contó un niño que vio cómo un guerrillero desde una colina disparó a un helicóptero de la fuerza pública y desde este le respondieron de tal manera que lo despedazó: “Era bastante fuerte encontrar muchachos que están empezando a vivir, naturalizados de una forma tan descarnada con el conflicto, con la aspiración ser un “mando” de esas organizaciones. Las niñas querían ser sus esposas”. 

Sin embargo, el 2018 fue un año difícil por un paro armado declarado por el EPL y la confrontación entre este grupo y la guerrilla del ELN, hechos que afectaron las dinámicas del colegio, específicamente la matrícula, que bajó sustancialmente.

Actualmente, el cuerpo docente de la Institución Educativa Benjamín Quintero Álvarez trata de cambiarle la perspectiva a los jóvenes con lo que realmente debe ser su futuro, “tratando de dejarles claro que la plata por una raspa (recolectar mata de coca) no es el futuro de por vida o que ser un mando es apostarle a la muerte y que las niñas tienen todas las capacidades para no ser solamente cocineras de obreros o para tener muchos niños”, dice Lobo. Agrega que hoy en día tienen estudiantes en la universidad o liderando emprendimientos que, si bien no han solucionado el conflicto en La Vega, sí logran, mediante la educación, la cultura y el deporte, arrancar al conflicto un puñado de niños que ni siquiera tenían un par de zapatos. Hoy en día, el número de estudiantes matriculados ha aumentado, para satisfacción de las familias de una región donde los docentes son la única representación permanente del Estado.  

Esos mismos profesores han sido testigos de la partida de algunos de sus estudiantes a las filas de los grupos armados y de cómo las familias y las comunidades se han dado a la tarea de recuperarlos y traerlos de regreso a sus hogares. Eduard Lobo reflexiona sobre el caso de una de sus alumnas que terminó en uno de esos grupos haciendo parte de sus mandos, lo que lamenta, pues como educador espera verlos en una universidad. Son uno o dos casos que se dan en un año, asegura el docente. 

Para el profesor Lobo “la mentalidad cambió”. Ahora sus muchachos quieren ser alguien en la vida. Quieren ser profesionales y tener las mismas oportunidades que tienen los estudiantes de las grandes ciudades. “Hay casos de niños que se van porque no tienen nada que comer en casa y de esa forma le quitan un peso a su familia”, dice el docente. “No es porque los recluten, es porque el Estado los abandona”, apunta. “Acá en La Vega de San Antonio no tenemos servicio de salud. La nevera es utilizada para hacer helados”, explica. En estas condiciones, los muchachos empiezan a buscar otras alternativas de subsistencia: “No es justo que a la gente de la ruralidad la tratemos de esta manera y después les echemos la culpa a los niños que quieren cultivar cosas o ser guerrilleros. Si acá hay problemas en lo rural es porque el Estado se olvidó de los territorios”, dice el profesor.

La prevención es débil en los municipios del Catatumbo

De los once municipios de la zona del Catatumbo, ocho están enmarcados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, es decir que están sujetos a un plan de gestión a 15 años, con el fin de: “Estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional”. 

Muchas de estas localidades no llevan estadísticas sobre menores de edad que hayan incursionado en la guerra, y es evidente que no son muchos los recursos que se ejecutan para actividades de prevención. Algunas localidades prefieren entregar datos generales sobre actividades destinadas a la protección y prevención. Otros muestran que han adelantado jornadas y celebrado contratos para ejecutar en torno a protección. Hay eventos pedagógicos en los que se explica a las comunidades cuáles son los derechos humanos, particularmente los de los niños, niñas y adolescentes. Otros municipios hacen énfasis en el cuidado para evitar que sean blanco de delitos sexuales. Algunos de los municipios presentaron sus ejecutorias en el periodo comprendido entre el año 2022 y agosto del 2023. 

El Carmen (PDET)

El Carmen es uno de los municipios del Catatumbo que tienen frontera con Venezuela, corredor que limita con el departamento del Cesar, altamente afectado por el conflicto. Su profesional de enlace de Infancia y Adolescencia, John Freddy García, se negó a suministrar información sobre cuántos niños, niñas y adolescentes han sido reclutados, bajo el argumento de que esta es información  que cuenta con reserva legal y protección especial. Sin embargo, hay un contrato por 32 millones de pesos cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para asesorar jurídicamente y realizar una campaña preventiva para la erradicación y prevención del reclutamiento forzado y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes del municipio de El Carmen, Norte de Santander. 

San Calixto (PDET) 

En este municipio, de acuerdo con lo informado por la comisaria de Familia Yamile Cárdenas Carrascal, se presentó el 2 de agosto de 2020 una amenaza de reclutamiento. El hecho fue denunciado por la víctima, a quien se orientó para tomar la ruta de atención establecida para tales casos. Sin embargo, la funcionaria aclaró que no se puede pensar que no existan más casos en San Calixto de uso y utilización de menores por grupos ilegales.
En cuanto a recursos invertidos para para prevenir el reclutamiento infantil en el municipio, desde 2020, la Comisaría de Familia, el Enlace de Víctimas y la Secretaría de Gobierno, han adelantado acciones en el marco del Día de las Manos Rojas, el 12 de febrero de cada año, y la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. En 2023 se han realizado actividades como charlas y talleres de prevención en las instituciones educativas sobre esta problemática. En este mismo año se ejecutó un contrato firmado con Yerson Jair Manzano Rodríguez por diez millones de pesos (10.000.000), con el siguiente objeto: “Medidas implementadas en DDHH y DIH, prevención del reclutamiento y utilización de N.N.A en el marco del conflicto y apoyo integral a personas sobrevivientes de minas antipersonal en el municipio de San Calixto”.

Tibú (PDET) 

Luis Leonardo Rodríguez Gelvez, secretario general y de Gobierno de Tibú, asegura que la administración adelanta labores de prevención en cuanto al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes mediante el “Equipo de acción inmediata para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de los N.N.A por parte de los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados”. Aun así, no cuentan con bases de datos que registren información puntual de casos de reclutamiento forzado. Sobre la inversión realizada por la administración municipal de Tibú en materia de protección, no se suministró ningún contrato. 

La Playa de Belén (No PDET) 

Según datos de la administración municipal a través de sus secretarías, oficinas encargadas de infancia y adolescencia, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, en La Playa de Belén no se han presentado reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes. 

La Playa de Belén cuenta con un rubro por valor de cinco millones de pesos para ejecutar en la vigencia de este año “Jornadas lúdico recreativas y deportivas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia en Prevención del Reclutamiento Forzado”. 

La institucionalidad frente al reclutamiento de menores 

Si bien es cierto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no recibe denuncias sobre casos de niños, niñas y adolescentes reclutados como parte del conflicto armado, sí remite a las entidades competentes para que inicien la investigación del delito. No obstante, el ICBF maneja el “Programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados ilegales”.

Según este programa, en la zona del Catatumbo se han desvinculado 13 niños, niñas y adolescentes entre el 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2023, los cuales fueron atendidos de acuerdo con los lineamientos técnicos vigentes del programa de atención especializado. 

Lee aquí: 

• La incansable búsqueda de 5 mil familias que esperan a sus desaparecidos en Putumayo
• Finca Las Mercedes, un espacio en Ituango para promover la paz

Los siguientes son los datos por municipio: 

Edad de ingreso al programa

Grupo armado ilegal

Eln: Ejército de Liberación Nacional, GAOR: Grupos Armados Organizados Residuales

Según el ICBF, en el municipio de San Calixto, no hubo desvinculación de niños, niñas y adolescentes para el período del 1 de enero de 2020 hasta agosto de 2023.

Desde el año 2021 hasta 2022, la Dirección de infancia presentó la oferta de programas implementados en la zona Catatumbo: Programa Generación Explora, cuyo objeto era contribuir al desarrollo integral de niños y niñas entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días fortaleciendo en ellos y sus familias las habilidades, así como conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de vulneraciones y la construcción de su proyecto de vida a partir de la exploración de sus vocaciones, intereses y talentos. 

En desarrollo de este programa se desarrollaron actividades como de lectura de textos sobre riesgos a los que se ven expuestos los jóvenes, encuentros con personas de diferentes edades y en jornada contraria a la escolar e incluso con quienes no se encuentren estudiando, para conocer los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en una zona como la del Catatumbo.  

El ICBF ha celebrado para la región del Catatumbo dos contratos orientados a la prevención y protección de los menores de edad para evitar el reclutamiento forzado: uno desde el 6 de agosto hasta el 30 diciembre de 2021 con la Fundación Deportiva Paiz Pazífico, por valor de $1.250.728.794 y otro del 17 noviembre de 2021 hasta el 30 de julio de 2022 con la Fundación Colombia Vida, por valor de $ 2.747.641.712. 

En relación con las denuncias por reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la región del Catatumbo, desde el 1 de enero del 2020 hasta agosto de 2023, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la Nación, se adelantaron las siguientes acciones preventivas:

Según el ente de control, en la zona del Catatumbo no se adelantan procesos disciplinarios contra funcionarios o ex funcionarios por mal manejo de recursos destinados a la protección de la población infantil. 

En la zona del Catatumbo, las comunidades están a la expectativa de un desescalamiento del conflicto y reducción de casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, ante los diálogos de paz con la insurgencia del ELN y el cese al fuego pactado con esa organización. Así mismo, por las acciones que se están adelantando con disidencias de las Farc, está la esperanza de que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer uso de sus derechos. 

Las prioridades para las alcaldías locales están lejos de los niños, niñas y adolescentes de la zona del Catatumbo, donde se han priorizado otros temas que para los mandatarios pueden generar más impacto mediático. Los recursos para la protección de la infancia y adolescencia ante el reclutamiento no están garantizados y las condiciones de vulnerabilidad cada día son más evidentes.  

Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).