La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP citó a las primeras audiencias de reconocimiento al antiguo Secretariado de las Farc, como responsable de más de 21.000 secuestros. Además, citó a 10 miembros de la Fuerza Pública y un civil por el asesinato de 120 personas que fueron presentados como ‘Falsos Positivos’.
La primera de estas audiencias de reconocimiento se llevará a cabo durante el 28 y 30 de marzo y el 1 de abril, en donde los miembros del secretariado, dentro del caso 01, conocido como secuestro, tendrán que dar a conocer si reconocen o no su responsabilidad frente al país por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.
Esta audiencia se realizará en presencia de organizaciones víctimas que han participado en el proceso judicial, las instituciones del Estado y la sociedad civil.
Con relación a los secuestros la magistratura también les había imputado otros graves crímenes como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Para llegar a esta audiencia de reconocimiento la Sala de Reconocimiento de Verdad informó que contrastó 17 informes, 38 versiones individuales y ocho versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes. Además un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones entregadas por los victimarios.
La Sala de Reconocimiento también incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla en diversas operaciones militares. Además, tras hacer pública la imputación, ordenó 16 audiencias territoriales y nacionales, en las cuales se garantizó la participación de las víctimas
La segunda audiencia de reconocimiento se llevará a cabo el 21 y 22 de abril, pero el lugar, la metodología y el programa no se han definido aún pues se encuentra en proceso de concertación con las Víctimas.
Esta audiencia tendrá la presencia de 10 miembros de la Fuerza Pública entre ellos el general (r ) Paulino Coronado y cuatro coroneles y un tercero civil, imputados dentro del caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’, en donde tendrán la oportunidad de reconocer su responsabilidad por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
Estos delitos, de acuerdo con la JEP, porque los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
De acuerdo con la investigación, los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate.
Para llegar a este momento, la Sala contrastó 8 informes, 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares), las observaciones de las víctimas acreditadas y de la Procuraduría a las versiones. También hubo inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la jurisdicción penal militar, así como la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander'.
En estas diligencias se espera que tanto el antiguo Secretariado de las Farc como los 10 miembros de la fuerza pública, deben pasar del reconocimiento escrito, que presentaron en abril y diciembre de 2021, respectivamente, al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó.
En caso de que haya reconocimiento, además de verdad plena, detallada y exhaustiva, la Sala debe producir en los siguientes tres meses las respectivas resoluciones de conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz. Así mismo, en ambos casos se solicita a la Fiscalía General de la Nación que remita a la JEP la totalidad de las investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, como lo prevé expresamente la ley.
Una vez se expida la resolución de conclusiones, los casos de secuestro contra el antiguo Secretariado de las Farc-EP y los miembros de la fuerza pública imputados en el subcaso Norte de Santander, que investiga falsos positivos, pasarán a manos del Tribunal para la Paz, que impondrá las sanciones estipuladas por la Ley.