El proyecto, que se presentará en marzo de 2024, ante el Congreso de la República por el Ministerio de Justicia y Derecho busca limitar las facultades del Ministerio Público para suspender de sus cargos a funcionarios elegidos popularmente.
El borrador del Proyecto de Acto Legislativo busca modificar cinco artículos de la Constitución Política e incluye dos más transitorios.
Según la Constitución de 1991, el Ministerio Público y la Controlaría General de la República son órganos de control. La reforma agrega que no tendrían funciones jurisdiccionales y no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular.
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Además, la reforma busca limitar la representación ante las autoridades jurisdiccionales de los agentes encargados de ejercer el ministerio público, es decir, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los procuradores delegados, los agentes del ministerio público.
Sobre las atribuciones del Contralor General de la República la reforma propuesta limitaría esas facultades, pero mantendría como atribuciones del Contralor “promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes, presuntamente, hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado”.
Por otro lado, mantiene intactas otras atribuciones del Contralor General de la República, pero agrega que en ningún caso podrá sancionar con suspensión, inhabilidad o destitución a servidores públicos de elección popular.
Sobre las funciones del Procurador General de la Nación, la reforma mantiene la vigilancia y control sobre los funcionarios públicos, pero no podrá sancionar con suspensión, destitución o inhabilidad a servidores públicos de elección popular.
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El Procurador dejaría de tener dentro de sus facultades desvincular del cargo a los funcionarios públicos elegidos popularmente y ahora emitiría conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, agregó que dentro del mismo proyecto de acto legislativo se retiraría la función de intervención de la Procuraduría en los procesos del Sistema Penal Acusatorio, de acuerdo con la recomendación hecha por un estudio elaborado por varios abogados.