Iván Cepeda presentará una tutela contra la Fiscalía por el caso de Álvaro Uribe
El congresista aseguró que el ente acusador "busca una vez más propiciar un escenario de impunidad a favor del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez", debido a que el fiscal recientemente asignado al caso, Andrés Palencia, les informó que adelanta "una serie de actos de investigación complementarios para adoptar la decisión que en derecho corresponda”.
Cepeda interpretó la afirmación del fiscal Palencia como una búsqueda de una nueva solicitud de preclusión, el mismo mecanismo que dos fiscales anteriores intentaron, pero que dos juezas y el Tribunal de Bogotá negaron. El legislador afirmó que se enteró del cambio de fiscal en el proceso por medios de comunicación, no por una comunicación oficial.
Para el senador, el objeto concreto de la Fiscalía es que la acción penal prescriba, es decir, que se venzan los términos para que la justicia pueda pronunciarse de fondo sobre si el expresidente Uribe es culpable o no del cargo de manipulación de testigos.
Según Cepeda, "el término para investigar ya venció", por lo que el ente acusador "no puede atribuirse términos procesales adicionales a los que la ley le concede". Además, de acuerdo con el parlamentario, la investigación en este momento "se encuentra perfeccionada", pues en el expediente existe un "robusto material probatorio" para acusar a Uribe.
La decisión de Iván Cepeda de presentar una demanda de ese estilo llega casi un mes después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negara la solicitud de la Fiscalía de precluir o cerrar el proceso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal.
El 6 de octubre, el magistrado Carlos Guzmán, de la Sala que tomó la decisión, leyó el fallo, aprobado por tres magistrados de manera unánime, que determina que existen dudas sobre las justificaciones que el fiscal Javier Cárdenas sostuvo para intentar cerrar la investigación.
Guzmán, al leer la decisión de 271 páginas, enumeró los ocho hechos con los que la Fiscalía intentó justificar la atipicidad —es decir, la ausencia de un delito, o la noción de que una conducta no es delito— de los presuntos ofrecimientos que el abogado Diego Cadena y otros intermediarios, como el magistrado del Consejo Electoral Álvaro Prada, le ofrecieron a ex paramilitares para declarar en favor de Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda.
El Tribunal resolvió que existen "incertidumbres sustanciales" y "vacíos probatorios que hacen que el Tribunal no pueda llegar al nivel de conocimiento exigido para revocar la decisión de primera instancia", con la que una jueza determinó que no existían elementos para acabar con la investigación.
Se trata de una decisión que llega 11 años después del inicio del proceso en la Corte Suprema de Justicia, cuando Uribe denunció a Iván Cepeda ante el alto tribunal por haber armado un supuesto entramado de testigos que señalaban al exmandatario de estar relacionado con el paramilitarismo, principalmente, con el bloque Metro de las Autodefensas.
En 2018, la Sala Especial de Instrucción se abstuvo de investigar a Cepeda, quien ha ostentado la calidad de víctima en todo el caso y emprendió el proceso penal al que Uribe hoy sigue vinculado. La Corte empezó a trabajar sobre la sospecha de que el exmandatario, como determinador, envió a sus abogados a conseguir retractaciones a cambio de beneficios jurídicos.
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El abogado principal detrás de los presuntos ofrecimientos es Diego Cadena, quien actualmente es procesado por el mismo caso. Cadena presionó a testigos como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez, de acuerdo con lo que ellos mismos declararon ante la Corte Suprema. La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, sostiene que esas actuaciones nada tuvieron que ver con el líder del Centro Democrático.
Ya en 2020, la Corte consideró tener elementos suficientes para definir la situación jurídica de Uribe mediante una detención domiciliaria preventiva. Uribe, a su turno, renunció al Congreso de la República, donde era senador, y allí empezó todo un laberinto jurídico desde que se definía a qué autoridad le correspondía el expediente.
Finalmente, la facultad de adelantar la acción penal recayó sobre la Fiscalía y se determinó que Uribe adquiría la calidad de imputado desde que se surtió su indagatoria en el alto tribunal.
El primer fiscal, Gabriel Jaimes, solicitó precluir el caso, aun con las densas pruebas que tenía la corte Suprema, pero una jueza de Bogotá le dijo que no podía, pues debía recabar más a fondo.
Jaimes dejó vencer su plazo para investigar y el caso pasó a manos del fiscal Javier Cárdenas, quien volvió a solicitar el cierre del caso, negado en primera instancia en mayo de este año y en segunda instancia este viernes. Según declaraciones del senador Iván Cepeda, desde la administración del fiscal general, Francisco Barbosa, existe un ánimo de estancar el proceso.
Ahora, la Fiscalía deberá decidir si solicitará una nueva preclusión, como ha pretendido hasta ahora, o si finalmente acusará al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como Iván Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba, esperan. Por lo pronto, la justicia ha determinado, en más de una ocasión, que se necesita una exhaustiva labor investigativa, pues hasta el momento, aunque Uribe se presume inocente, persisten sospechas de que el soborno a testigos y el fraude procesal existieron.
