Congreso aprueba la Ley Jineth Bedoya para combatir la revictimización de mujeres víctimas de violencia
El Senado de la República aprobó en último debate la Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que establece capacitaciones obligatorias para funcionarios públicos, contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas relacionadas con la atención, protección y acceso a la justicia de mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género.
El proyecto fue respaldado por 52 votos a favor y uno en contra, culminando así su trámite en el Congreso de la República. Ahora la iniciativa queda a la espera de la sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley.
La norma busca combatir prácticas de revictimización y violencia institucional que aún enfrentan muchas mujeres cuando acuden a entidades del Estado para denunciar hechos de violencia o solicitar medidas de protección.
Durante la plenaria, la periodista Jineth Bedoya Lima, cuyo caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad, celebró la aprobación del proyecto y destacó el impacto que podría tener en la protección de futuras víctimas.
“Gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que han creído en este proyecto de ley y que hoy lo convierten en ley, porque es para salvar la vida de las mujeres y las niñas. Esta ley salva vidas. Seguiré luchando para que lo que Jineth Bedoya tuvo que enfrentar no lo tenga que enfrentar ninguna otra mujer en este país”, expresó Bedoya ante la plenaria del Senado.
¿Qué busca la Ley Jineth Bedoya?
La iniciativa parte de una problemática recurrente en la atención institucional de casos de violencia basada en género: la revictimización.
Entre las situaciones más comunes se encuentran la minimización de los hechos denunciados, la reproducción de prejuicios, la exigencia de repetir múltiples veces sus relatos o la asignación de responsabilidades que no les corresponden.
La ley establece que quienes intervengan en procesos de denuncia, protección, justicia y acompañamiento deberán recibir formación obligatoria, periódica y evaluable en enfoques de género, derechos humanos y atención a víctimas.
Debate en el Senado
Aunque la iniciativa obtuvo un amplio respaldo, también generó controversia durante su discusión.
La senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal, fue la única congresista que votó en contra del proyecto. Durante el debate manifestó reparos frente a algunos enfoques de la iniciativa y argumentó que podría estar relacionada con lo que calificó como "ideología de género".
Sus planteamientos fueron rechazados por varias senadoras, entre ellas Aida Quilcué, Martha Peralta, Isabel Zuleta, Norma Hurtado y Aída Avella, quienes defendieron la necesidad de fortalecer la atención institucional a las víctimas de violencia.
Frente a esas críticas, Jineth Bedoya respondió desde el recinto del Senado con un mensaje que generó respaldo entre distintos sectores políticos.
“Llevo 26 años sufriendo una constante revictimización. Hoy no fue la excepción. Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada. Y así sigo ejerciendo el periodismo, porque creo en el país y porque no me importan los partidos políticos, ni el color, ni el género; me importan los seres humanos. Me importan los derechos”, afirmó.
Un contexto marcado por la violencia de género
La aprobación de la iniciativa ocurre en medio de cifras que reflejan la persistencia de las violencias basadas en género en Colombia.
Según datos citados durante el debate, en lo corrido de 2025 la Fiscalía General de la Nación ha reportado 121 feminicidios, 30 transfeminicidios, 15.785 casos de violencia intrafamiliar y 16.947 casos de violencia sexual.
Para los promotores del proyecto, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para garantizar una atención adecuada y libre de prejuicios a las víctimas.
Una ley para transformar la atención institucional
Los impulsores de la Ley Jineth Bedoya sostienen que la iniciativa representa un paso importante para garantizar que las víctimas de violencias basadas en género reciban atención digna, respetuosa y libre de discriminación.
Con la futura entrada en vigencia de la norma, las entidades del Estado deberán implementar procesos de formación orientados a prevenir la revictimización y fortalecer la respuesta institucional frente a una de las problemáticas que más afecta a mujeres y niñas en Colombia.