Corte admitió demandas contra la modificación de la Ley de Garantías
La Corte Constitucional estudiará 21 de las 42 demandas que congresistas, abogados, organizaciones y ciudadanos han radicado contra la suspensión de la aplicación de la Ley de Garantías durante 2022, con la que el Gobierno podría celebrar contratos con entidades públicas como gobernaciones o alcaldías.
El alto tribunal tendrá que entrar a definir si los demandantes tienen razón o no al asegurar que está modificación es un "mico" para favorecer a algunos sectores políticos del país en plena época electoral, “y hasta para financiar la compra de votos en algunas regiones del país”.
Las 21 demandas quedaron unificadas bajo el expediente del senador Roy Barreras, quien explicó en su momento que “resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto, pretermitiendo no solo el control previo por parte de la Corte Constitucional, sino además la competencia que para proferir este tipo de leyes tienen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes”.
Así las cosas, según la Corte, las demandas admitidas fueron presentadas por los congresistas Iván Cepeda, Carlos Alberto Maya, Luis Fernando Velasco y Antonio Sanguino Páez.
Igualmente se admitieron, parcialmente, las demandas presentadas por Edwing Fabián Díaz Plata, Juan Sebastián Ramírez García, Juan David Gamboa González, y la de David Andrés Luna Sánchez.
Finalmente, fueron admitidas las demandas de Juliana Valentina Cruz Sánchez, Valentina Álvarez Castro, Laura Montes Salazar, Angie Bibiana Burgos Fajardo, Francy Lizeth Rincón Tejedor, Henry Camilo Estupiñán Ballesteros, Karina Victoria Reyes Gutiérrez, Mile Vanessa González Estupiñán, María Paula Alvarado Niño y Danna Valentina Dallos Soto.
Sin embargo, la Corte Constitucional también podría admitir otras 11 demandas, si los accionantes corrigen los errores señalados por el alto tribunal.
Por el momento, la Corporación ya pidió los conceptos de la procuradora General, la Presidencia, el Congreso y organizaciones de derecho para tomar una decisión respecto a estas 21 demandas que incluso piden que se tomen medidas cautelares en este caso.
