Pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación en política durante elecciones de 2022
Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, quedó hoy bajo la mira de la Procuraduría General de la Nación, que le formuló pliego de cargos por su presunta participación indebida en política durante las elecciones presidenciales de 2022, en la que se habría mostrado a favor del actual presidente, Gustavo Petro.
“El cargo imputado a Quintero Calle tiene que ver con presunta participación en actividades de partidos, coaliciones y movimientos políticos, especialmente los que integraron la coalición denominada "Pacto Histórico”. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo", argumentó el Ministerio Público.
El ente de control aseguró que entre los elementos probatorios para abrir una causa disciplinaria contra el exmandatario están los videos y fotografías que grabó y difundió entre el 13 y 17 de marzo y el 9 de mayo del año anterior en los Quintero Calle que manifestó su apoyo al entonces candidato presidencial Gustavo Petro.
El exalcalde habría utilizado su cuenta de X (@QuinteroCalle) para publicar mensajes acompañados de fotografías y videos en los que habría evidenciado su preferencia política hacia Petro y hacia la coalición de partidos políticos de izquierda (Pacto Histórico) que en ese momento lo acompañaban.
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La Procuraduría detalló que entre las evidencias estaba una fotografía del exalcalde divulgada en redes sociales en la que exhibía un tarjetón del Pacto Histórico, en medio de las consultas interpartidistas.
Además recordó el video hecho viral de Quintero en mayo del año anterior en el que apareció al interior de un vehículo haciendo alusión a la frase "cambio en primera", que era parte de uno de los slogan del entonces candidato Petro.
El Ministerio Público recordó que la jurisprudencia actual prohíbe que los mandatarios en ejercicio se pronuncien en favor o en contra de candidatos, durante los periodos electorales, entre otras, por el poder de convocatoria que tienen y su nivel de injerencia dentro del sector público y entre los potenciales electores.
"Constituyen ejercicio abusivo del cargo la utilización de los elementos de su despacho para hacer proselitismo o para desempeñar en cualquier sentido la actividad política y el ejercicio de las competencias de manera que incline ilegítimamente la actuación del Estado a favor de una determinada corriente o movimiento político", argumentó la Procuraduría.
